Por: Arturo Woodman P.
Expreso, 10 de mayo del 2022
Una mayoría de peruanos considera que en nueve meses de Gobierno, Castillo solamente ha causado problemas, caos e inestabilidad, destruyendo la buena imagen del país e inaceptables acciones en contra de las actividades productivas importantes, como la minería.
Esta situación se agrava más, con la campaña emprendida por el Presidente, su primer ministro y sus congresistas de Perú Libre en favor de un cambio de la actual Constitución a través de una Constituyente, aseverando erróneamente que la actual es la causante de todos los problemas que tiene el país, sin aceptar que es el resultado de su mal gobierno.
La actual Constitución promulgada en 1993, en principio, dio paso a la Economía de Libre Mercado contribuyendo a la estabilidad del país, a la libertad, a las inversiones generadoras de puestos de trabajo y desarrollo; también precisa la importancia de mejorar la salud, educación y justicia, logrando que el índice de pobreza bajara considerablemente.
El índice de pobreza al inicio de los 90 superaba el 80% y con las reformas de la Constitución de 1993 llegó a disminuir y mantenerse en 20% a 30%, así como las exportaciones agrícolas que pasaron de 200 millones de dólares a 8,000 millones y las exportaciones totales de 3,500 millones a 62,000 millones de dólares al cierre del 2021.
Hoy con el gobierno de Castillo, el índice de pobreza ha empezado a subir considerable y se prevé que a fin de año podría superar el 50%, debido a la desconfianza generada por él y su pésimo gobierno, al no generar inversiones y trabajo.
Inclusive, al presentar un proyecto de ley ante al Congreso, promoviendo la formación de una irregular y antidemocrática Constituyente, integrada por diferentes gremios y asociaciones sin mayor representatividad ni los conocimientos que demanda la elaboración de una nueva Constitución, provocando que nuestro futuro se vea incierto y rumbo a convertirnos en otra Venezuela, otorgándole al Ejecutivo un poder totalitario, diseñado para perpetuarse con una pequeña cúpula dictatorial y corrupta, anulando los principios de libertad, justicia y derecho al voto en democracia.
Uno de los temas que demuestra que el Gobierno distorsiona la verdad es sobre el interés que tiene la población en una nueva Constitución a través de una Constituyente, lo que según los resultados de las encuestas, solo llega al 10% de aceptación.
Sin embargo, el Gobierno, interesado en llevar adelante sus planes de consolidar al Perú como un gobierno totalitario, engaña al país a través de sus discursos y presentaciones ante la prensa en general, asegurando que durante sus Consejos Descentralizados “su pueblo” lo pide a gritos.
Cuando en realidad solo es un pequeño grupo de pobladores de la zona, seleccionados para presenciar una desordenada, inoperante y costosa sesión del Consejo de Ministros Descentralizado y que no superan el 1% de su población.
Otra muestra de incapacidad la dio el congresista Quispe, durante su entrevista con Mávila Huertas afirmando que la Constitución de 1993 fue impuesta por Estados Unidos, sin tener en cuenta que ese país se ha desarrollado basado precisamente en su Constitución; además, insistió en que obedecen al “clamor del pueblo”.
Este panorama ha cambiado positivamente a raíz de la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de archivar el proyecto de ley que proponía la reforma para convocar una Asamblea Constituyente, disminuyendo considerablemente el temor generado.
Finalmente, es plausible el archivamiento aprobado por la Comisión de Constitución, pero el Congreso no está a la altura al aprobar retiros destructivos de las AFP y la reforma de la Sunedu.
