Por: Arturo Woodman
Expreso, 20 de diciembre del 2022
Nuevamente somos testigos de una serie de disturbios en el país, provocados por grupos vandálicos incentivados por dirigentes de izquierda recalcitrante, acompañados por remanentes terroristas ocasionando lamentables muertes, millones de pérdidas en infraestructuras y paralización del país.
Los actuales actos de destrucción y muertes, en apoyo teórico al ex presidente Castillo quien dio un frustrado golpe de Estado, abandonando su responsabilidad de gobernante y vacado por el Congreso con 101 votos; piden, además, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones, cambio de nuestra Constitución, una Constituyente y la renuncia de la Presidenta Constitucional. En definitiva, estos destructores y promotores de muertes, de caos, cortando el libre tránsito, ocasionan la paralización del país y sobre todo la disminución de las necesarias inversiones que generan trabajo, estabilidad y disminución de la pobreza.
Dentro de este complicado panorama, los terroristas estarían aspirando indebidamente a convertirse en los líderes del cambio, desechando el respeto a la democracia, visión, desarrollo, paz y unión que el país necesita.
Independientemente de los destrozos que se vienen produciendo, no es comprensible que estos vayan en contra de los millones de peruanos emergentes y trabajadores que tienen que suprimir sus prioritarias actividades, complicando el abastecimiento de alimentos, ocasionando escasez y subida de sus precios, destruyendo centros de trabajo como Gloria y otros, perjudicando a los ganaderos y trabajadores de los diferentes sectores generadores de divisas e inclusive intervinieron para interrumpir el abastecimiento del gas, necesario para el uso y ampliación a los miles de hogares, autos, industrias e ingresos por su exportación.
El problema más complicado y que continuamente efectúan con facilidad y por varios días, es la interrupción del libre transito en las diferentes carreteras del país. Este prohibido acto, impide por varios días la normal circulación de los tráilers que transportan importantes cargas y de productos alimenticios que desabastecen los mercados y aumentan los precios e igualmente no dejan circular ni las ambulancias con enfermos ni a los miles de pasajeros (niños, madres gestantes y adultos mayores) que quedan “secuestrados” en los ómnibus por varios días, sin comodidades, sin alimentarse, sin agua ni papel higiénico, ni áreas apropiadas, sobre todo para las mujeres.
Estas situaciones recurrentes están penadas por ley, pero no produce ningún temor a los desadaptados que las realizan, lo cual obliga al Congreso a ampliar o promover una nueva ley de secuestros, que precise que en ella estén incluidos como “secuestradores”, a los que interrumpan el tránsito en cualquier vía del país, igualmente con los vándalos que intenten o cierren los aeropuertos, dejando secuestrados a miles de viajeros, complicando además la importante actividad turística.
Lamentablemente, el nuevo gobierno demoró ante la gravedad de los actos de desestabilización e innecesaria destrucción de comisarias, oficinas del gobierno, fábricas privadas importantes e infraestructura, para dictaminar 30 días de estado de emergencia que permiten a la PNP y al Ejercito implantar el orden en el País, dejando de lado el optimismo inicial de la Presidenta, que estimaba resolver los actos de terrorismo, apaciguándolos, cuando es claro que su responsabilidad es lograr imponer el orden y la paz en el país.
Finalmente, el Perú viene perdiendo con rapidez su estabilidad y gobernabilidad, siendo necesario mantener un buen Gabinete y efectuar eficientemente las reformas electorales, de tal manera que las próximas elecciones se realicen en un país tranquilizado para lograr un gobierno de amplia base, con visión de desarrollo, paz y unión.
