Por: Arturo Woodman
Expreso, 31 de Enero del 2023
Desde la salida del expresidente Castillo a raíz de su fallido golpe de Estado y su vacancia, se vienen produciendo violentas y destructivas manifestaciones con lamentables muertes, lo que viene complicando la estabilidad, gobernabilidad y seguridad del Perú, sobre todo por el continuo cierre de carreteras, que ha llevado al Gobierno a declarar estado de emergencia, inamovilidad ciudadana y promover adelanto de elecciones.
Respecto a lo último, el Congreso viene variando sus planteamientos sosteniendo que deben efectuar reformas electorales previas, con el fin de evitar las dispersiones de partidos y candidatos. La semana pasada lograron un acuerdo mayoritario para adelantar las elecciones a abril de 2024, pero al día siguiente el mismo promotor de este acuerdo presentó otro proyecto para adelantarlas a fines de este año, lo que no fue aprobado el viernes, pidiéndose nueva votación para este lunes y sus resultados a este momento no se conocen.
Esta situación dio pie para que la presidenta Boluarte en su discutible mensaje del domingo instara al Congreso a aprobar elecciones este año, sosteniendo que el “pueblo lo pide”, olvidando que con más fuerza piden su renuncia; dejando de lado las facultades del Congreso, e inclusive anunció que presentaría doble pedido de confianza para lograr el adelanto y el cambio de Constitución a efectuarse en el próximo Congreso, produciendo innecesariamente más enfrentamientos e inestabilidad.
En estas condiciones, la PNP acompaña y tiene fuertes enfrentamientos con los agresivos y vandálicos destructores, pero no son debidamente apoyados, por lo tanto, el Gobierno debe reconocer esta situación, resolver darles más atribuciones para defenderse y operar directamente o aprobar un amplio apoyo de las FF.AA.; no para producir más muertes, al contrario, su intervención acortará los días de destrucción y vandalismo.
La presencia de las FF.AA. siempre es disuasiva y atemorizante, ayudará a la PNP a reprimir rápidamente estas destructivas e inaceptables protestas, a tener los aeropuertos seguros, las carreteras libres de secuestradores de miles de pasajeros y sobre todo los camiones que llevan los alimentos, maquinarias y repuestos para mantener las fábricas, negocios y trabajos operativos.
Las FF.AA. y la PNP deben evitar la paralización y destrucción de la minería, agroexportación y turismo que generan riqueza para todos los peruanos. Así como intervenir en el departamento de Madre de Dios, completamente aislado, con turbas atacando la residencia y la vida de su reciente gobernador por pedir solución y paz en su convulsionada y alejada región.
Tampoco es comprensible la actitud del Cusco, el turismo genera puestos de trabajo, inversiones y mejores condiciones de vida, recibiendo más de 4 millones de turistas. Lo triste es que no aprecian que son el eje de esta actividad heredada por sus propios antepasados.
El Gobierno como responsable del desarrollo, orden, cuidado de las áreas de cultivo, infraestructuras e instituciones del Estado y privadas, debe reprimir y detener a todos los cabecillas que promueven y financian estas protestas violentas.
Finalmente, estos violentos movimientos políticos estarían acompañados y promovidos por los brazos de Sendero, nuestro Gobierno democrático debe apoyar a la PNP y las FF.AA. para lograr suprimir el caos y la destrucción del Perú, debe hacerlo con base en las facultades que le permite nuestra Constitución y no actuar por los “pedidos de un pueblo convulsionado”.
