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El Comercio, 23 de mayo del 2026
En el Perú hay muchas cosas que deben cambiar. Los resultados en educación primaria son peores que hace 10 años. La anemia infantil afecta a uno de cada tres niños. La inseguridad ha crecido sostenidamente y más de la mitad de la población siente que el país retrocede. Más del 80% está insatisfecho con los servicios públicos. Esa frustración es legítima. Sin embargo, el problema no está en el capítulo económico de la Constitución, sino más bien en la incapacidad del gobierno central, regional y local para gestionar adecuadamente los recursos que el modelo ha generado.
Este es el primero de una serie de artículos sobre los aspectos del modelo económico que definitivamente no deben modificarse: aquellos que son condición necesaria para atraer inversión, crear empleos de calidad y mantener la estabilidad macroeconómica que permite que las familias planifiquen, ahorren y progresen. Los llamaremos los no negociables.
¿Por qué son no negociables? La respuesta es una cadena causal sencilla, pero poderosa. Cuando las reglas de juego son predecibles, invertir es menos riesgoso. Esto incrementa la inversión —grande y pequeña, nacional y extranjera—. Cuando hay más inversión, se crea más empleo de calidad y las familias tienen mayores ingresos. Y en todo este proceso se pagan más impuestos para financiar los gastos del Estado. Esa cadena funciona en ambas direcciones: si las reglas cambian de manera impredecible, la inversión cae, el empleo se deteriora y los ingresos de las familias se resienten. El Estado termina con menos recursos.
El gran aporte del capítulo económico de la Constitución es que le da predictibilidad a quienes operan exactamente sobre esa cadena. La seguridad de los contratos y la garantía de que un contrato es ley entre las partes permite que quien invierte en una mina, una planta, un proyecto inmobiliario o cualquier proyecto de largo plazo pueda confiar en que las condiciones no cambiarán arbitrariamente a mitad del camino. La igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera le dice al mundo que en el Perú se compite en igualdad de condiciones. El rol subsidiario del Estado lo enfoca en funciones que solo él puede cumplir cabalmente —seguridad, justicia, defensa del medio ambiente y programas sociales—, en lugar de arriesgar recursos públicos en empresas donde el sector privado es más eficiente. Y la autonomía del BCR nos protege: cuando el banco central financia al gobierno, la inflación destruye primero la capacidad adquisitiva de los más pobres. Eliminar todo esto no nos generará mejores servicios públicos, sino todo lo contrario.
Lo que propone Juntos por el Perú no es original. Es una réplica de los cambios que Ecuador introdujo en 2008, Bolivia en 2009 y Venezuela antes que ambos países: los mismos argumentos y los mismos resultados. En los tres casos hubo años de aparente bonanza, pero ese crecimiento era artificial. Descansaba en el boom de materias primas y en una expansión insostenible del gasto público, mientras la inversión privada se retiraba silenciosamente. Cuando los precios cayeron, no había con qué reemplazar esos ingresos. Las reservas se agotaron, el déficit fiscal y la deuda pública se dispararon, y el control de precios que vino después solo produjo escasez. Bolivia, que muchos citan como el caso exitoso, cerró la década con reservas internacionales desplomadas, escasez de combustibles y alimentos, y sin haber diversificado la actividad productiva. Ni qué decir de Venezuela, que pasó de ser uno de los países con mayores ingresos a tener más del 80% de su población en pobreza y generar una emigración sin precedentes, separando familias en busca de supervivencia en otros países.
El Perú tomó el camino opuesto. Desde 1994, el PBI per cápita creció de manera sostenida, impulsado por la inversión privada y las exportaciones. El Estado tuvo más recursos que nunca. El problema es que no los gastó bien. La corrupción, la mala gestión y la ausencia de rendición de cuentas convirtieron un Estado con ingresos crecientes en uno incapaz de cumplir sus funciones básicas. Los números lo dicen sin rodeos: la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2019 y 2025, pasando de 7 a 14 por cada 100.000 personas. El número de proyectos de inversión pública paralizados o abandonados pasó de 30.000 a 65.000 en el mismo período. Y el porcentaje de hogares sin acceso a desagüe subió de 17% a 23%. La pobreza, que se había reducido de 54% a 20% en 2019, hoy está en 26%, siendo el Perú uno de los pocos países que no ha recuperado su nivel prepandemia. Más presupuesto, peores resultados.
Ahí está la trampa. El discurso de cambio radical le habla a una población justificadamente frustrada, pero apunta al lugar equivocado. En vez de corregir cómo el Estado gasta lo que el modelo genera, propone destruir la fuente de esos recursos. El resultado sería menos inversión, menos empleo de calidad, menos ingresos para las familias y, en consecuencia, más insatisfacción —no menos—. Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede desempeñar. Eso requiere una reforma de la gestión pública, no la demolición del marco que la financia.
El Perú ya vivió el experimento que hoy se propone repetir. Fue entre 1979 y 1990: estatismo, empresas públicas, control de precios y un banco central al servicio del gobierno. Terminó en hiperinflación y pobreza masiva. Repetir este experimento una vez más, con evidencia irrefutable en contra, no es valentía. Es negligencia.
