Anthony Laub, Máster en Energía y Política Energética
Gestión, 14 de junio de 2019
El otrora muy relevante y altamente técnico Ministerio de Energía y Minas (MEM) es hoy un organismo público cualquiera: opaco, inoperante, sin protagonismo y de pocas luces. En los 90 y principios del 2000, el MEM era el faro público que lideró el cambio económico que transformó al país, bajo la premisa de que sin energía y minería el Perú no crece ni desarrolla.
Ese MEM activo y técnico que transformó el caótico sector eléctrico de los 80 en una maquinaria moderna y eficiente, que impulsó el nacimiento del gas natural, que liberalizó y modernizó los hidrocarburos y que promovió minas de talla mundial como Antamina es un recuerdo.
La privatización (no, no es mala palabra) y promoción de la inversión en energía y minería fueron los procesos más exitosos dentro de la modernización, liberalización y “desestatización” del país. Una serie de eventos exógenos supuso que lo avanzado en este sector se haya ralentizado y el MEM haya perdido relevancia política, pese a que aporta más del 15% del PBI nacional y la energía es el motor que desarrolla todas las demás actividades del país. Sin energía no hay industria, manufactura, servicios, comercio, educación, salud, transporte o recreo.
Eventos como la adscripción del Osinergmin a la Presidencia del Consejo de Ministros, desligándolo del MEM y dotándolo de un descomunal presupuesto, ha significado que este ente, que debiera ser un árbitro técnico y fiscalizador, invada fueros del MEM y dicte hoy la política energética y tuerza su rol e interprete que es el de reducir tarifas, limitar ingresos e intervenir mercados, y le enmienda o cuestione decisiones o actos al MEM en cuanta ocasión pueda.
El Ministerio del Ambiente es otro agente que ha abonado al deterioro del MEM, cuestionando cuanto proyecto o norma de promoción del sector había sido aprobado en su momento por este. Conjuntamente con Cultura, y antes la Defensoría del Pueblo, se han encargado de desvirtuar la reputación y valía del MEM, bajo el pretexto de la protección ambiental y social, pese a que los proyectos minero-energéticos que son social y ambientalmente responsables llegan donde el Estado no lo hace, trayendo desarrollo.
Hasta ahora, nadie ha sabido mostrar cuál ha sido el terrible evento, impacto o accidente ambiental en el sector energía y minas, desde los 90 a hoy, que haya motivado que la carga ambiental que se impone al sector más importante sea tan rígida, compleja y gravosa. Tampoco se encuentra atentado contra el patrimonio cultural que justifique el complejo circuito sociocultural que se ha instaurado.
Al contrario, solo encontramos ejemplos de puesta en valor y protección de nuestro pasado histórico por los agentes privados y el mejor monitoreo ambiental de zonas sensibles que antes estaban impactadas por otras industrias; como, por ejemplo, la bahía de Paracas, que fuera recuperada gracias al sector hidrocarburos.
En el campo social, el sector enfrenta a grupos radicales y las ONG que malinforman a la población, que lucran ilegítimamente o buscan paralizar proyectos de relevancia por intereses políticos, pese a cumplirse con todas las normas legales. Frente a esto, el MEM también se muestra inoperante, so pretexto de la siempre etérea e ilegal “licencia social”. Ahí está Conga, Tía María, Río Blanco, Tullow, Fitzcarraldo y tantos etcéteras.
No queda tampoco un solo permiso relevante que se encuentre dentro de la esfera del MEM, pues o lo decide Ambiente (EIA), Cultura (CIRA), el ANA (agua) o cualquier otra entidad, pero no aquel. Y cuando alguno aún subsiste, el ministro actual dice que otorgarlo –refiriéndose al permiso de construcción– no implica que pueda dar inicio a la construcción. ¿Qué?, ¿cómo?
Hoy, el sector eléctrico está en pugna por la denominada ley Alcalá; norma vinculada a la subdeclaración del precio de gas natural que los generadores térmicos vienen efectuando con el aval del MEM y Osinergmin. Lo cierto es que, en un escenario de sobreoferta, este tipo de declaraciones han generado que los precios de la electricidad sean ridícula y artificialmente bajos y cuyos beneficios solo alcanzan a unos pocos. Y no, no van a subir las tarifas residenciales.
La propuesta del Congreso podrá ser perfectible, pero evidencia la realidad: las señales de precios en el mercado eléctrico están totalmente distorsionadas a causa de la mala regulación, y ello se traduce en falta de inversión espontánea (sin subsidios o garantías). Así, cada vez somos más quienes advertimos sobre una posible crisis de precios a partir del año 2022, causada, precisamente, por la falta de inversión en generación eficiente (hidros y gas).
Sobre este tema que lleva más de 2 años en discusión, el MEM y Osinergmin no han hecho mucho. En vez de solucionar un problema que les compete y que generaron, se escudan: uno en su mutismo y ausentismo, y el otro en su síndrome de Robin Hood. Y es que cualquier reforma que busca corregir distorsiones económicas, Osinergmin las observa aduciendo que se va a afectar a las tarifas de los usuarios. Es hora de que se pongan a pensar en el bien del sistema a largo plazo y dejen de jugar a la política coyuntural. Para eso no existen.
Es ante esta ausencia que, en el seno del Congreso, se ha adoptado el tema para buscar solucionar el problema con una propuesta que ha sido criticada por ser –supuestamente–, muy técnica para que allí se discuta o apruebe. Es decir, el Congreso puede legislar sobre fusiones, alimentos y salud (qué más complejo que eso) o energías renovables (distorsionantes y no necesarias, salvo la geotermia), pero no puede intervenir ante la inoperancia de los llamados a hacerlo.
Así las cosas, en aras del ahorro, la eficiencia y la transparencia, no queda más que invocar al Estado nos libere de seguir malgastando recursos en entidades que no sirven para los fines para los que fueron creadas y proceda a cerrar el MEM y el Osinergmin. Peor no vamos a estar.
