Por: Anthony Laub
Perú21, 30 de octubre de 2020
A julio de 2020, Osiptel impuso multas por S/59 millones a los operadores móviles (el doble de lo impuesto en 2019) por conceptos tan opacos como: incumplir compromisos de mejoras, no alcanzar información en los plazos o no usar mecanismos de contratación aprobados por esa entidad.
Creí que los operadores nos estaban robando y que esas multas revertirían a favor de los usuarios, pero no. Ni uno ni lo otro. Ese dinero va a Osiptel y no a resarcir las “faltas”.
Osiptel nació cuando se privatizó la telefonía y se justificaba su existencia para fomentar el desarrollo de un mercado competitivo. Ello ocurrió naturalmente, pues –como siempre– el ingenio y el mercado son más eficientes que el Estado.
Tenemos 2 operadores mundiales en telefonía fija y móvil con 2 operadores regionales que sirven a más del 92% de la población y que han colocado más celulares que toda la población con planes pre y post pago (voz y data) para todos los segmentos socioeconómicos, además de smartphones y un mejor servicio (pese a la campaña contra las antenas). Hay competencia y un mercado centrado en el usuario que permite que el 85% de la población acceda a Internet vía sus celulares (INEI). Gracias al mercado y la privatización, lo que hace 15 años era un lujo (celulares) o un sueño hace 30 (teléfono fijo), para unos pocos, hoy es un servicio democratizado que ha mejorado la calidad de vida de casi todos.
Un mercado competitivo como el de celulares no necesita de un regulador y menos uno que impone multas que no benefician al usuario. Ya tenemos al Indecopi para que nos “proteja”. Donde hay competencia, los reguladores sobran. Más libertad, menos Estado.
