Andrés Calderón, Abogado y periodista
El Comercio, 12 de mayo de 2016
“Ahorita no, joven, estoy ocupado”. Al leer esta destemplada expresión, muchos imaginaremos el famoso meme de rechazo –gracioso can incluido– o tal vez recordemos la vez que ‘choteamos’ la amical propuesta de un integrante de nuestro círculo de confianza. Lo que probablemente no se halle en nuestro abanico de posibilidades es usar esta frase para responder a nuestro jefe.
Por ejemplo, si su jefe le preguntara en qué está trabajando o le pidiera algún reporte sobre sus labores, ¿se imaginaría usted declinando la petición? Si así fuera, probablemente usted deba estar harto de su trabajo, pues de otra forma no se explica por qué no estaría dispuesto a informar a su jefe sobre sus actividades, algo tan elemental y razonable en un emprendimiento de esfuerzos comunes, más aun cuando existe una relación de subordinación.
Al parecer, sin embargo, esta es una respuesta válida para muchos funcionarios del Estado. Si no, habría que preguntar al funcionario encargado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en qué estaba pensando cuando decidió no entregar los estudios de impacto ambiental y vial del cuestionado ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio al ciudadano Poma Arroyo que se los solicitó hace unos días. Pues el argumento de que la ley (de Transparencia y Acceso a la Información Pública) no los obligaba a entregarlos, ya que el ‘by-pass’ no se construía con fondos públicos, no tiene ningún asidero. La ley no hace tal distinción y, por el contrario, tiene mucho sentido permitir el acceso a la información que sustenta las decisiones y actividades de los municipios, las cuales, por cierto, sí se financian con las contribuciones de los ciudadanos y, sin duda, impactan en sus vidas.
Con los mismos fundamentos, tampoco se explica por qué el mismo municipio o el Ministerio de Economía y Finanzas no hicieron públicas las observaciones y, sobre todo, las propuestas de adendas a los contratos de concesión de los corredores viales que después la MML declaró nulos, bajo el argumento de no ser autosostenibles. ¿Cómo evaluar esta justificación sin información suficiente y detallada?
Y a los ejemplos recientes podríamos sumar las historias antitransparencia de los contratos del Gobierno Regional del Callao con ex convictos para el programa de inserción social para personas con conducta de riesgo, o los informes profesionales que sustentaron el indulto a José Enrique Crousillat, o la relación de visitantes que recibió Antauro Humala en el penal de Piedras Gordas. Yo mismo puedo enumerar a instituciones como la Sunat, Policía Fiscal, Osiptel y Digesa que, directamente o a compañeros de labores, negaron (en algunos casos por omisión) la entrega de información pública.
La magnitud del problema excede estas anécdotas. Un informe del año pasado de este Diario reflejaba que el 27% de las municipalidades de Lima impedía acceder al portal de transparencia de sus páginas web. El año pasado también, la Defensoría del Pueblo reportaba que el 29% de los gobiernos regionales y el 50% de las municipalidades provinciales de capitales de departamento no cumplían con la difusión de información pública en sus portales de transparencia.
Esto indica que el problema es estructural, y creo que tiene raíz en dos ideas tan equivocadas como enquistadas en muchos funcionarios. La primera es no identificarse como subordinados de los ciudadanos. Lo son. Si son funcionarios, reconózcanlo y acéptenlo, o se equivocaron de trabajo. Al primero a quien deben responder es al ciudadano y no a los intereses del jefe de turno.
La segunda es creerse dueños de la información. No lo son. Esa información no les pertenece. No es su secreto comercial, su fórmula de Coca-Cola ni la receta original del coronel Sanders. A diferencia de lo que reza el aforismo popular, ustedes no son dueños de su silencio. Nosotros, todos los ciudadanos, lo somos. Y cuando responden negativamente o, peor aun, ni siquiera responden, se convierten en usurpadores de algo que no les pertenece.
Lampadia
