Andrés Balta
Perú21, 13 de agosto del 2026
«Las leyes anteriores no tenían esa fuerza combinada con prudencia. Solo tenían los abusos de abandonar a las personas al albedrío».
No extraña que leyes que buscan retomar la prudencia y la defensa de derechos individuales, así como la actividad responsable de persecución y punición de los delitos hayan sido vilipendiadas con el sobrenombre de “leyes procrimen”. Tampoco extraña que se queden con esa diatriba en la boca y no quieran debatir el fondo del asunto.
Que quede claro: si algo perturba a los zurdos o a sus intereses crematísticos, eso es un indicador excelente para no hacerles caso en el actual gobierno. Veamos qué molesta, de esas leyes, a la izquierda en general y a los mercantilistas zurdos, en particular:
1) Haber corregido un gravísimo error, al quitar al acto de formalización de la investigación del fiscal la cualidad de suspender el cómputo de prescripción de los delitos. La suspensión de dicho cómputo se da por causas que impiden el desarrollo del proceso, no por aquellas que hacen exactamente lo contrario. Lo que hizo la nueva ley es eliminar el incentivo perverso de los fiscales de “tirarse a la bartola”, es decir, de descansar con total pasividad, holgazanear o no hacer absolutamente nada, descuidando sus obligaciones y su trabajo. O sea, en la práctica, se quitó a los fiscales la potestad de convertir a los delitos, en actos imprescriptibles y a los juicios, en procesos eternos.
2) Haber rectificado el sinsentido de una colaboración eficaz sin plazo de formalización. Es decir, haber mandado a volar que el delincuente, suelto de huesos, ponga espadas de Damocles sin responsabilidad, condición ni obligación de nadie. Esa es la segunda “tirada a la bartola” que la ley mandó al tacho de la basura.
Y siguen las correcciones a: 3) acercamiento al detenido sin abogado para ofrecerle que sea colaborador eficaz y salga de la cárcel; 4) cruce de declaraciones de colaboradores eficaces para inculpar personas; 5) declaraciones ampliatorias sin fin, cada vez que se desmantelaba el caso fiscal para que el “colaborador delincuente” perfeccione sus declaraciones contra las personas, con la complicidad y apoyo del fiscal.
Antes —sin abogado—, el procesado sucumbía a los encantos fiscales para ser colaborador eficaz. Eso llevó consigo cientos de renuncias a la defensa, el silencio, la presunción de inocencia, el ofrecimiento de pruebas y el juicio público. Es decir, hubo —y ya no hay— festines contra la defensa en una sociedad civilizada.
Decía Maquiavelo que los regímenes se apoyan “sobre fuerza combinada con prudencia, porque esta última no basta y la primera o bien no produce cosas o no las conserva”. Las leyes anteriores no tenían esa fuerza combinada con prudencia. Solo tenían los abusos de abandonar a las personas al albedrío —casi vacacional— de fiscales con poder, lo que es —esencialmente— imprudente y un indicador para “no hacer”.
