Ana Pari
Ex jefa de SERVIR
Para Lampadia
En el discurso del 28 de julio de 2023, se anunció la implementación de un servicio civil idóneo y meritocrático, luego de que el Congreso otorgara facultades legislativas para ello. En diciembre de ese año, se expidió el Decreto Legislativo N° 1602, fijando un plazo de 270 días para que todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo transiten al régimen Servir aprobando sus Cuadros de Puestos de la Entidad (CPE). Algunos trabajadores temían las evaluaciones de desempeño, mientras que otros esperaban concursos meritocráticos y la posibilidad de una carrera profesional.
La Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) informó que los titulares y servidores de las entidades públicas cumplieron con presentar sus CPE dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, a la fecha, ninguno ha sido aprobado por el MEF.
Para el ciudadano común, hablar de Servicio Civil o CPE puede no parecer importante, pero la ausencia de un recurso humano planificado y ordenado a través de un CPE significa mantener casos de violencia como los de Condorcanqui, donde las entidades presentes solo cuentan con 1 o 2 profesionales. Las autoridades frecuentemente afirman no tener presupuesto para contratar personal, pero según el Informe de Caracterización del Servicio Civil emitido por SERVIR, la planilla estatal sigue creciendo en número de personas y monto, sin llegar a donde más se necesita. La planificación del servicio civil a partir del CPE es crucial.
Otra excusa es que las remuneraciones no son atractivas para profesionales en zonas de difícil acceso, y es que, claro, vivir en determinadas provincias de nuestro país con difícil acceso eleva el costo de vida. Pero incluso este problema es cubierto con la figura de la remuneración priorizada en el régimen del servicio civil, un monto adicional que se paga al trabajador según las especiales condiciones en las que labora. Pero solo se aplica cuando se tiene el CPE.
Impulsar el servicio civil es tarea de SERVIR, pero necesita el respaldo del MEF. Los recursos humanos deben verse como una inversión para el Perú, que genera la profesionalización de nuestros trabajadores estatales, mejora los servicios públicos a la ciudadanía y promueve la inversión en nuestro país, puesto que las decisiones que se tomen no obedecerán al vaivén de la coyuntura política, sino que se encontraran sustentadas técnicamente.
El 4 de julio se publicó la Ley N° 32089, la misma que delega en el Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones, facultades para fortalecer la gestión fiscal de recursos humanos. Sin embargo, lo que se solicita cambiaría las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con respecto al CPE, pues en lugar de revisar solo el monto de las remuneraciones, ahora el MEF también revisaría las propuestas de la entidad pública en cuanto a cantidad de personas y posiciones contenidas en su CPE, la misma que está directamente vinculada a los perfiles de cada puesto, algo que no le corresponde.
No se discute que cualquier reforma remunerativa debe tener una mirada presupuestal. Pero esa atribución debe realizarse luego que técnicamente el ente rector en materia de gestión de personal, de la mano con la entidad, ha evaluado cuántos servidores necesita, cuál es el nivel profesional o técnico y cómo están agrupados en el CPE. Luego de ello, corresponderá discutir los criterios de priorización de la implementación del CPE según los límites presupuestales y objetivos de cada entidad.
De concretarse las previsibles amenazas a las atribuciones de SERVIR, no solo se estaría afectando la rectoría sino también las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), bajo cuya adscripción está SERVIR.
Si la PCM va a renunciar a sus competencias en gestión de recursos humanos, convendría cambiar la adscripción de SERVIR al MEF, siguiendo ejemplos de países como Paraguay o Chile. El Estado debe fijar una posición clara sobre la implementación de la meritocracia, no solo para controlar el costo presupuestal, sino para planificar el recurso humano. Esto implica definir los perfiles mínimos para los trabajadores, ofrecerles una línea de carrera, pagarles dignamente y medir constantemente su rendimiento.
Si no se toman estas medidas, continuaremos sin un verdadero servicio civil profesionalizado y bien remunerado que contribuya al bienestar de la ciudadanía. Esperamos los anuncios en el próximo discurso del 28 de julio para entender el rumbo que tomará el servicio civil peruano. Lampadia
