Alonso Rey Bustamante
Perú21, 23 de enero del 2026
El reciente artículo del presidente de Argentina, Javier Milei, y de su ministro, Sturzenegger, en The Economist, lanza una provocación útil: dejen de demonizar a las grandes empresas y empiecen a mirar a los reguladores. No hace falta estar de acuerdo con todo el planteamiento argentino para reconocer que hay una pregunta incómoda que también aplica al Perú: ¿quién vigila a quienes deciden qué se puede hacer?, ¿cuánto se puede cobrar y quién puede entrar a competir?
En nuestro país, buena parte del problema no está en el “gran capital”, sino en las barreras burocráticas que imponen municipalidades, ministerios y organismos reguladores. Exigencias, requisitos, cobros, papeleos, silencios administrativos que se eternizan: un laberinto que encarece la actividad económica y frena proyectos que podrían generar empleo formal. Y nadie los denuncia cuando no cumplen con los plazos o cuando extorsionan por permisos o licencias.
Esas trabas no golpean solo a las grandes empresas –que suelen tener equipos legales y espaldas financieras–, sino sobre todo a los pequeños negocios. El bodeguero, el restaurante de barrio, la pyme que quiere crecer termina dedicando horas a trámites y licencias en vez de atender clientes e innovar. Luego preguntan por qué hay tanta informalidad, si es el propio Estado quien los empuja a esta situación.
Lo más estúpido es que siempre hacen un nuevo trámite en nombre del consumidor, la competencia o el interés público, pero rara vez se mide cuánto cuestan esas decisiones. ¿Cuántas inversiones se pierden por una licencia imposible? ¿Cuánta corrupción se genera? ¿Cuántos empleos no se crean por un permiso que demora meses? De eso no se habla porque el funcionario pierde su puesto.
No se trata de desmontar la institucionalidad regulatoria. Se trata de exigir a los reguladores lo mismo que se exige al sector privado: resultados y rendición de cuentas. Hoy, sin embargo, pareciera que el único sector sin supervisión es el de quienes supervisan a todos.
Si de verdad queremos más competencia, inversión y empleo formal, el debate ya no puede limitarse a controlar y exigir más a las empresas. También debemos poner bajo escrutinio a quienes, desde un escritorio, pueden frenar el crecimiento del país con una resolución, un formulario o un sello. Milei y Sturzenegger lo resumieron con provocación: hay que empezar a controlar a los reguladores. Un regulador sin límites puede ser tan dañino para la libertad económica como el peor de los monopolios.
