Alonso Rey Bustamante
Perú21, 5 de setiembre del 2025
«Millones de familias en regiones viven gracias a su dinamismo, pero parece que ese detalle pasa inadvertido cada vez que se discute su futuro».
El sector agrario es, de lejos, el mayor empleador descentralizado del país. Millones de familias en regiones viven gracias a su dinamismo, pero parece que ese detalle pasa inadvertido cada vez que se discute su futuro. En el debate público, varios economistas, muchos respetables, han señalado lo que el Estado deja de recaudar por la reducción de la tasa de Impuesto a la Renta, pero nadie ha dicho del costo que enfrentan los empleadores para sostener esta fuente de trabajo.
El problema es que el agro no solo carga con esa etiqueta de “privilegiado”, sino también con una mochila laboral que lo convierte en el sector económico más caro para contratar. Gracias al famoso Bono Beta, esa ocurrencia normativa de la Ley 31110, cada trabajador agrario cuesta más que en cualquier otro régimen. Sí, más caro que en el régimen general. ¿El resultado? La norma extermina a las pymes y mypes porque el costo laboral agrario resulta excesivo para dichas empresas y eso incrementa la informalidad como única salida. Y después se rasgan las vestiduras por las cifras de informalidad.
Hablemos de números: entre 2021 y 2023, las empresas agrarias desembolsaron casi S/4,000 millones solo en concepto de Bono Beta. Esa cifra equivale a más del 80% de lo que el sector pagó en impuestos en el mismo periodo. En buen castellano: el agro financia su propio castigo. Y lo mejor de todo es que el Bono Beta está indexado al salario mínimo. Cada vez que al Ejecutivo se le ocurre subirlo por decreto, sin técnica ni consenso, el costo de planilla del agro se dispara automáticamente. Un verdadero desincentivo a la formalidad.
El efecto es devastador para las pymes y mypes agrarias, que encuentran en la formalidad una condena económica. ¿El incentivo que reciben? Exactamente el contrario: contratar en la informalidad para sobrevivir. Y no porque no quieran cumplir, sino porque la norma los discrimina frente al resto de sectores. El resultado: menos empleo formal, más trabajadores desprotegidos y un golpe directo a la competitividad. Aquellos economistas que critican la Ley Agraria, deberían revisar previamente que el costo laboral es tal que si la tasa de Impuesto a la Renta es 30% o 5% o el número que quieran, los costos laborales son tan altos que no hay impuesto por pagar, incluso pérdidas porque como ellos saben los precios son commodities que no los fijan los agricultores sino el mercado internacional.
Entonces, la pregunta es clara: ¿de verdad queremos fortalecer el agro, o lo que buscamos es asfixiarlo hasta obligarlo a retroceder? Mientras el discurso público se concentra en la recaudación del Impuesto a la Renta, el país parece olvidar que detrás de esas cifras hay millones de empleos en juego. Mantener el Bono Beta tal como está es condenar al agro a la pérdida de competitividad y, lo que es peor, condenar a los trabajadores a la precariedad de la informalidad.
