Alonso Rey Bustamante
Perú21, 4 de octubre del 2024
«Petroperú es el ejemplo bandera de las consecuencias de gestiones deficientes: estabilidad financiera comprometida y capacidad operativa mermada».
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como país es la falta de capacidad en la administración tanto de las empresas públicas como de las instituciones del Estado. El Estado y sus cuadros técnicos vienen siendo destruidos desde el gobierno de Humala y con Castillo han llegado a su peor momento. Esta carencia no solo afecta a las organizaciones en cuestión, sino que repercute directamente en la calidad de vida de los peruanos, al obstaculizar el acceso a servicios básicos esenciales.
Este fenómeno lo hemos visto repetidamente en sectores clave. Petroperú es el ejemplo bandera de las consecuencias de gestiones deficientes: estabilidad financiera comprometida y capacidad operativa mermada. En lugar de liderar el desarrollo energético del país, la empresa ha sufrido pérdidas que terminan siendo asumidas por todos los peruanos, desviando recursos necesarios para cerrar brechas urgentes de nuestro país.
Otro ejemplo claro es Corpac, encargada de la operación de los aeropuertos del país. Los retrasos, la falta de inversión en modernización y la burocracia ineficiente han convertido a nuestros aeropuertos en un freno para el desarrollo turístico y comercial, en lugar de ser motores de crecimiento económico.
El caso del Ministerio Público es también alarmante. En lugar de tener una administración técnica y eficiente que garantice una justicia ágil, se ha convertido en un brazo político que persigue a sus enemigos sin importarle la inocencia. Se han olvidado de su misión que es perseguir y acusar a la delincuencia, incrementando la impunidad. Esto genera desconfianza en el sistema judicial y fomenta un clima de inseguridad en la población.
El Ministerio del Interior tampoco escapa a esta realidad. Han existido de 2001 a la fecha 43 ministros del Interior, es decir un promedio de 6 meses por ministro. Todo ello genera una ineficaz gestión con la consecuencia ya conocida: inseguridad ciudadana, lo que afecta gravemente la lucha contra la delincuencia. La falta de capacidad administrativa, la corrupción y la ausencia de personal capacitado han llevado al país a la crisis de inseguridad sin precedentes que estamos presenciando. Este Gobierno solo la ha incrementado por su incapacidad de gestión.
En suma, lo que vemos es un patrón repetido: la incapacidad de gestionar bien las instituciones conlleva consecuencias directas para la población. El Estado no es capaz de brindar servicios básicos, porque las entidades encargadas de administrarlos no tienen las capacidades, ni los técnicos. Tienen otras prioridades. Si no rompemos este ciclo, seguiremos enfrentando las mismas dificultades una y otra vez.
El futuro del país depende de la calidad de su administración pública y privada. Solo con personas capacitadas y comprometidas en puestos clave, podremos construir un Perú más competitivo y equitativo.
