Alonso Rey Bustamante
Perú21, 24 de enero del 2025
«El problema no es la falta de recursos, sino la corrupción y la ineficiencia que reinan en los gobiernos regionales y municipales».
Los mecanismos de canon y regalías están diseñados para redistribuir los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales hacia las regiones donde se generan. En teoría, el canon transfiere un porcentaje de los impuestos recaudados por actividades extractivas a los gobiernos regionales y municipales, mientras que las regalías son pagos adicionales realizados por las empresas por el derecho a explotar estos recursos. Ambos deberían ser instrumentos clave para promover el desarrollo y reducir la desigualdad en el país.
Sin embargo, en la práctica, esto no sucede. Distritos como San Marcos, en Áncash, reciben millones de soles cada año, pero su gente sigue viviendo sin agua potable, sin desagüe y con pistas destrozadas. ¿Cómo explicar que “el distrito más rico del Perú”, gracias a las operaciones de Antamina, continúe sumido en el abandono?
Otro caso penoso es Cajamarca, una región con enorme potencial minero, que año a año se mantiene como una de las más pobres del país debido a las políticas populistas y antiinversión de sus autoridades locales.
El problema no es la falta de recursos, sino la corrupción y la ineficiencia que reinan en los gobiernos regionales y municipales. Durante años, el canon ha sido una caja chica para autoridades incapaces, que dilapidan fondos públicos sin mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En lugar de soluciones, encontramos obras inconclusas, hospitales sin equipos y escuelas sin profesores.
Frente a esta situación, la solución no puede ser seguir entregando cheques en blanco. ¿Por qué no crear un fideicomiso nacional, gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en colaboración con el sector privado que aportó el canon y la regalía, para administrar los recursos? Este fideicomiso operaría bajo estrictos criterios de transparencia, priorizando proyectos de impacto en infraestructura, educación y salud.
No se trata de quitarle autonomía a las regiones, sino de asegurar que el dinero se use de forma eficiente y cumpla con su propósito: generar desarrollo y oportunidades. Casos como San Marcos, que existen en 24 regiones, 194 provincias y 1,700 distritos, demuestran que el modelo actual no funciona. La empresa que genera la riqueza no puede seguir siendo vista como culpable de los problemas causados por un Estado ausente y culpable.
Es hora de abandonar discursos ideológicos que demonizan a la inversión privada. Necesitamos un cambio estructural que priorice resultados, deje las excusas de lado y ponga a las personas en el centro del desarrollo.
