Por: Alfredo Thorne
El Comercio, 18 de octubre del 2023
“Estos indicadores muestran que el Perú tiene un problema de falta de protección a la inversión y hubo un notable avance con la Constitución de 1993″.
Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central de Reserva (BCR) atribuyen la caída del PBI hasta agosto a choques transitorios como las protestas de enero y los fenómenos climáticos como el ciclón Yaku y El Niño del 2023. De hecho, ambos anticipan un rebote en la segunda mitad. Nosotros pensamos que hay factores más estructurales en la contracción del PBI hasta agosto que se manifiestan en la caída de la inversión privada. El ministro Alex Contreras ha dicho que espera una recuperación en la segunda mitad y que las expectativas de las empresas se están recuperando. Lo cierto es que muchos indicadores indirectos de la inversión privada –como las expectativas de la economía a tres meses o la distribución de dividendos de las empresas– indican que hay algo más estructural.
Un cambio silencioso que se ha venido dando desde el 2011 es el aumento exponencial en los arbitrajes, una señal de relajamiento en la seguridad jurídica o lo que los anglosajones llaman ‘the rule of law’. En base a la información disponible en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), los arbitrajes del Perú han pasado de un arbitraje en el 2002 a nueve en el 2016, a 15 en el 2019 y a 23 en el 2023. El MEF, en el Sistema de Coordinación y Respuesta en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), registra 39.
Uno se pregunta, ¿qué significa este aumento exponencial en arbitrajes? Mucho tiene que ver ‘the rule of law’. Se inició en 1215 con la famosa Carta Magna de Inglaterra (la primera Constitución), que firmaron los ciudadanos con el rey y donde incluyeron la frase: “To no one we sell, to no one deny or delay right or justice” (“A nadie que vendemos, a nadie le negaremos o retrasaremos su derecho a la justicia”). Fue una forma de poner controles al Estado y de hacer que se respeten los contratos. Después, en la Revolución Gloriosa (1688-1689), se convirtió en: “Todas las personas libres son iguales ante la ley”.
Años después, Francia, Alemania y Estados Unidos introdujeron textos similares de protección a la inversión privada en sus constituciones. Inicialmente, durante la independencia de EE.UU., los fundadores introdujeron el lema “Gobierno de leyes y no de personas”, y después se introdujo en la Constitución que “ninguna persona perderá su derecho a la vida, su libertad o propiedad, sin un debido proceso”. Nosotros hicimos algo similar en la Constitución de 1993 con el artículo 62, que dice: “Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades”. En otras palabras, adoptamos explícitamente ‘the rule of law’ en nuestra Constitución.
Como resultado, tuvimos un aumento sorprendente en la inversión bruta fija, que llegó a ser el 25% del PBI en el 2012, y en la extranjera, que representó el 7,4% en el 2014; y el PBI per cápita creció en promedio al 3,5% en 1998-2016, muy superior al resto de países de la región. Aun cuando no existe una serie de tiempo para relacionarlo con el PBI, el Banco Mundial calcula un índice de ‘the rule of law’ que llegó a ser de -0,53 en el 2018-19, solo por arriba del -0,64 de México en América Latina, pero por debajo del -0,37 de Colombia y muy por debajo del 0,96 de Chile. Los países asiáticos como Corea del Sur y Singapur tienen mejor protección a sus inversiones y sus índices llegaron al 1,21 y al 1,85, respectivamente. Si se hace una comparación entre el PBI per cápita y este índice de ‘the rule of law’, se observa una estrecha correlación entre ambas variables.
La relación entre protección jurídica y crecimiento también la establece el economista austríaco Joseph Schumpeter en su famoso paradigma de la creación destructiva, que dice que la innovación y la difusión del conocimiento son los motores del crecimiento y que ambos necesitan la protección a los derechos de propiedad. El dilema consiste en que las innovaciones hacen obsoletas a las viejas tecnologías y necesitan protección jurídica para seguir innovando; de otra forma, se desacelera la economía.
De hecho, indicadores indirectos de la protección a estos derechos son la inversión y el gasto de las empresas en investigación y desarrollo (I&D). Por ejemplo, en el 2018-19, el Perú invirtió solo el 0,1% de su PBI en I&D, mientras que Colombia y México lo hicieron en 0,3%, Chile en 0,4%, y Corea del Sur y Singapur en 4,6% y 1,9%, respectivamente. Otro indicador es el porcentaje de empresas que gastan en I&D. En el Perú solo lo hacen el 22,9%, mientras que en Colombia dicho porcentaje alcanza el 30,5% y en Chile, el 46,1%.
Estos indicadores muestran que el Perú tiene un problema de falta de protección a la inversión y hubo un notable avance con la Constitución de 1993. El impacto de ‘the rule of law’ en el crecimiento del Perú ha sido bastante discutido y es apreciado en la razón del PBI per cápita con relación al de EE.UU. Mientras que esta razón era del 13% en 1992, llegó al 22% en el 2013. Luego, cuando se relajó la protección con estos arbitrajes, esta razón volvió a caer al 19% en el 2022.
Un ejemplo de hacia dónde podríamos llegar si seguimos relajándola es Argentina. En su Constitución de 1949, Argentina cambió la concepción del capital y la propiedad privada, considerando al capital al servicio del bienestar social, y condicionó a la propiedad privada a su función social. La razón de su PBI per cápita en relación con el de EE.UU. cayó al 26% en el 2002 de un pico del 57% en 1949. Una gran capacidad destructiva: perdieron casi la mitad de la razón de su PBI per cápita con el de EE.UU.
