Alfredo Thorne
El Comercio, 23 de abril del 2026
“El mayor aliado de la corrupción es la exagerada tramitología que se ha creado en los últimos años”.
El poeta Dante Alighieri, en su libro “La Divina Comedia,” reservó uno de los últimos círculos y fosas de su infierno para los corruptos, el mayor castigo. En nuestro país, al igual que en la Florencia de 1300, la corrupción y la violencia proliferan. Más de diez años después de que empezara el escándalo de Odebrecht, aún no podemos librarnos de ellas.
En los debates presidenciales, una propuesta para enfrentar la corrupción fue una mayor coordinación entre la fiscalía, Poder Judicial, policía y contraloría. En un mundo ideal es lo que debería suceder. Pero los procesos fiscales y judiciales son interminables y, en muchos casos, las instituciones han sido tomadas por grupos políticos y usadas para su beneficio: nuestra justicia ha dejado de ser ciega. La pregunta es: ¿la corrupción solo surge de individuos inescrupulosos que entran a la política buscando sus propios beneficios o hay algo en nuestra normativa que induce a la corrupción? Las investigaciones fiscales muestran que el Estado se ha convertido en un botín, pero también hay casos en los que la propia normativa invita a la corrupción.
Desde finales del 2018 se hicieron cambios en nuestra legislación que podríamos decir que facilitaban la corrupción. Uno fue flexibilizar los requisitos para los contratistas del Estado que, en una medida populista para beneficiar a municipios y regiones, permitieron la entrada de empresas cada vez más pequeñas y sin capacidades técnicas probadas. Esto contrasta con la legislación del 2017, que permitía las obras replicables como forma de atraer empresas profesionalizadas: con un solo expediente técnico se podían hacer muchas obras parecidas de agua y saneamiento o puentes, entre otras.
Otro ejemplo ha sido la desnaturalización del Invierte.pe, el sistema de programación de la inversión pública. En la normativa del 2017 se permitió a municipalidades y regiones programar inversiones con una ficha técnica para permitirles hacer pequeñas obras hasta por S/20 millones y las mayores debían realizarse con un análisis costo-beneficio muy detallado, como el antiguo SNIP. En los decretos legislativos de setiembre del 2018 se permitió hacer obras con ficha técnica hasta por US$500 millones, relajando el control de la obra pública e invitando al abuso.
Algo parecido sucedió con el sistema de asociaciones público-privadas (APP) en el mismo período. En la reforma del 2017 se empoderó a Pro Inversión, institución muy sofisticada técnicamente, para elegir obras que podían ejecutarse como APP; es decir, donde el Estado podía trasladar parte del riesgo y financiamiento a un privado. En los decretos del 2018 se empoderó a los concedentes –ministerios y gobiernos subregionales– para que decidieran, sin grandes capacidades técnicas pero con interés político, qué obras podían ejecutarse como APP. Mas aún, en el 2017, para evitar la excesiva discrecionalidad de los políticos, se planteó cambiar el directorio de Pro Inversión: que pasara de seis ministros a tres ministros y tres independientes (en ambos casos presidido por el titular del MEF), limitando así la influencia política. Lamentablemente, esto se cambió en el 2018.
Pero el mayor aliado de la corrupción es la exagerada tramitología creada en los últimos años. Un proyecto minero tiene que pasar por miles de trámites y toma cerca de diez años en ser aprobado. El tema no son los controles que todo proyecto minero debe cumplir, sino el exceso y demora de los trámites, cuando nuestros competidores como Chile o Canadá logran aprobar proyectos similares en menores plazos. Tampoco hemos logrado usar técnicas modernas como el ‘blockchain’ o la digitalización para asegurar la transparencia y simplificación de procesos.
Donde la tramitología invita a la corrupción es en las aprobaciones que deben realizar los municipios, muchas veces desprovistos de las capacidades técnicas para evaluar los proyectos que se les presentan, o la metodología de aprobación que unifique los procesos entre las distintas municipalidades. No se trata de inventar procesos, sino de usar las tecnologías existentes y las mejores prácticas para evitar la corrupción de funcionarios.
Muchos candidatos han puesto la simplificación administrativa como compromiso de sus planes de gobierno y ojalá podamos avanzar. Pero hay que ser cuidadosos en la normativa que se aprueba. Sin embargo, y como lo he dicho antes, el verdadero control está en lograr la verdadera profesionalización y un sistema meritocrático de nuestro servicio civil. Solo el BCR lo ha logrado y los beneficios son visibles. El reto es extender estos beneficios al resto del sector público.
