Por Alfredo Bullard, Abogado
El Comercio, 17 de febrero de 2018
Segunda mitad de los ochenta. El joven Alan García, presidente del Perú, anuncia la construcción del tren eléctrico. En una ciudad ya caótica e inmanejable por el tráfico, era una necesidad.
Pero el tren no tenía proyecto definitivo. No se había hecho un análisis costo-beneficio. No se había definido qué tecnología se iba a utilizar. No había financiamiento. Ni siquiera había un trazo definitivo de la ruta. La construcción se inició sin saber qué se iba a construir. Dicen por ahí que las famosas y enormes columnas que se construyeron fueron diseñadas, a un alto costo, para soportar cualquier cosa que pasara por ellas, porque no se tenía idea de qué trenes se iban a usar. Las columnas terminaron convertidas por casi dos décadas en un enorme museo de grafitis.
¿Por qué lo hizo así? Porque puso lo político por delante de lo técnico. No se buscaba mejorar el transporte, sino apoyar la campaña de Jorge del Castillo a la alcaldía de Lima. Del Castillo se subió rápidamente y con mucho entusiasmo al tren. Todo sin saber cómo se iba a construir, cuánto iba a costar, cómo iba a operar y, sobre todo, para qué iba a servir.
Alan García logró su objetivo. Del Castillo ganó la elección. Incluso acompañó a García a poner la primera piedra (que, casi, terminó siendo también la última). Se subieron a un tren a sabien-das de que ese proyecto no iba a funcionar.
Hoy hay un nuevo tren. Tampoco le importa al ex alcalde cuánto cuesta, para qué sirve y cómo va a funcionar. Ese “tren” es la ley de control de fusiones y adquisiciones.
En un artículo publicado en este mismo Diario (“Regulación de fusiones y adquisiciones”, 12/2/2018), el congresista señala que el procedimiento seguido para preparar su proyecto “fue adecuado”. Lo adecuado parece ser, según el artículo, haber citado y conversado con muchas personas. Eso está muy bien. Merece una felicitación. El diálogo siempre es importante. Pero así como no basta citar personas a una oficina para construir un tren, no basta hacer lo mismo para sacar una ley compleja y cuestionable.
Dice que no fui a su citación. La verdad que no la recuerdo. Lo que sí recuerdo es que hace unos días el Congreso me citó a una reunión para discutir el proyecto de ley y a las pocas horas fui desinvitado porque iban a “reprogramar la reunión”.
Como toda ley, se requiere una justificación técnica que valide su necesidad. Las preguntas que debería poder contestar el señor Del Castillo para justificar su proyecto no se limitan a con cuántas personas se reunió, sino cuál es la base técnica de lo que propone.
¿Cuál ha sido el resultado de estos controles en otros países, en especial países con economías comparables con la peruana? ¿Qué dicen los estudios realizados sobre los beneficios económicos que estos sistemas han producido? ¿Qué pruebas concluyentes existen de que sirva para algo? ¿Dónde están los números que sustentan su supuesto éxito?
¿Cuál es el nivel de concentración técnicamente determinado en diversos sectores económicos y cómo ha impactado ello en los márgenes de negocio y en los precios? ¿Existen estudios que analicen cómo han cambiado los mercados luego de las fusiones en nuestro país?
¿Dónde está el análisis costo-beneficio, con base técnica, que la ley exige presentar para susten-tar su proyecto? ¿Dónde está el cálculo que debió haber hecho sobre cuánto cuesta implementar la ley? ¿Cuántas fusiones deben de pasar por el sistema? ¿De dónde va a salir el presupuesto para atenderlo? ¿Cuál es la elevación de costos de transacción generados por la norma que propone? ¿Tiene el Indecopi una estructura institucional capaz de resistir las presiones políti-cas y mediáticas que generará una ley como esta?
Es curioso. En el Perú hemos tenido nuestro “trencito” de control de fusiones. Como señalé en mi artículo de la semana pasada (“In God we trust”, 10/2/2018), tenemos control de fusiones en el sector eléctrico. Pero, como el tren original de Alan, no ha servido para nada. ¿Dónde está el estudio de su funcionamiento, de los serios problemas que enfrenta y de los beneficios que debería haber generado?
Y es que hacer una buena ley no es solo conversar con mucha gente. Es tener data que justifique lo que se está haciendo. Parafraseando al ruso Nikita Jrushchov, “los políticos prometen construir un puente aunque no haya río”.
