Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 5 de febrero del 2025
«El lunes pasado, los principales gremios empresariales fuimos convocados por la señora presidenta a una reunión con los ministros del Interior, Justicia y Economía. Se expuso la dramática situación del sistema penitenciario y de la Policía Nacional, que sigue contando con los mismos 140,000 efectivos de hace 10 años, con brechas salariales y equipo insuficiente».
Ante el alarmante aumento de la violencia en el país, la Confiep ha criticado duramente la falta de resultados del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República en la lucha contra el crimen organizado. En respuesta, el ministro Juan José Santiváñez presentó las medidas en marcha y evidenció avances, mediante la captura de cabecillas, sicarios y secuestradores. No obstante, la situación sigue siendo crítica: mineros ilegales dominan Pataz con violencia extrema, narcotraficantes imponen su ley en el Vraem y múltiples organizaciones criminales operan con total impunidad.
El auge de la minería ilegal —impulsado por el alto precio del oro—, el tráfico de drogas y la falta de control migratorio han sido catalizadores de esta crisis. Pero también lo ha sido la precariedad institucional de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuyas deficiencias impiden una lucha eficaz contra la criminalidad.
El lunes pasado, los principales gremios empresariales fuimos convocados por la señora presidenta a una reunión con los ministros del Interior, Justicia y Economía. Se expuso la dramática situación del sistema penitenciario y de la Policía Nacional, que sigue contando con los mismos 140,000 efectivos de hace 10 años, con brechas salariales y equipo insuficiente.
Medidas adoptadas:
➤ Aumento del presupuesto de seguridad a S/12,000 millones destinados a reponer equipamiento en desuso, incrementar sueldos y ampliar el número de efectivos.
➤ Alianza con las Fuerzas Armadas en patrullaje y capacitación de nuevos agentes.
➤ Tipificación del “terrorismo urbano” para extorsión y sicariato, permitiendo el uso de armas letales y tribunales especiales.
➤ Compras por emergencia de armamento y chalecos antibalas.
➤ Proponer penas para menores de edad implicados en extorsión y sicariato así como sanción efectiva para compradores de artículos robados.
➤ Reformulación del Código Procesal Penal.
➤ Implementación de videovigilancia con inteligencia artificial mediante Obras por Impuestos y compras Gobierno a Gobierno. Reforzar las áreas de inteligencia policial.
➤ Acuerdos de asistencia internacional con EE.UU., China y Corea del Sur, además de cesión de vehículos de gobiernos regionales y especialmente de la donación de 400 motocicletas equipadas por la Municipalidad de Lima.
➤ Completar los bloqueadores de celulares en 68 cárceles, uso de grilletes electrónicos para criminales de baja peligrosidad. Implementación de cárceles mediante obras por impuestos o por concesiones. Conversión de cuarteles en desuso en cárceles mientras se construyen las nuevas.
➤ Creación de laboratorios de criminalística y formación de técnicos especialistas.
Estas medidas deben generar resultados en el corto plazo, su éxito dependerá de que el Ejecutivo logre alinear al Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial en esta lucha. Ojalá el Ministerio Público priorice la lucha contra el crimen en lugar de disputas políticas.
