Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 3 de abril del 2024
“La lucha contra la inseguridad ciudadana y contra el crimen organizado ha unido a los gremios de trabajadores con los gremios empresariales”.
La semana que pasó estuvo colmada por un nuevo escándalo que nos mantuvo distraídos con titulares, entrevistas y opiniones de expertos sobre el caso del costoso reloj que ostenta la presidente Dina Boluarte. Esto ameritó una orden judicial de allanamiento de su vivienda en plena Semana Santa por la Fiscalía.
El hecho llamó la atención en la prensa local e internacional, pues las imágenes del “descerraje” hacían parecer que se intervenía el cuartel del Tren de Aragua o de alguna otra banda criminal. Flaco favor le hace al país esta desproporcionada acción en el proceso de investigación a quien es la jefa del Estado.
Por otro lado, la presidenta ha generado esta situación al subestimar la investigación fiscal, escudándose en su investidura y dilatar la citación fiscal. La señora presidenta no debe permitir que esta crisis política escale, dando las explicaciones sobre los artículos de valor que posee para trabajar en los temas urgentes que afectan a todos los peruanos.
La polarización del país es tal que la línea que separa la política de la justicia es cada vez más difusa, y es ahí donde la izquierda radical se mueve como pez en el agua y logra poner en agenda mediática los casos que le reditúen los mayores beneficios políticos, cuyos entretelones y motivación son invisibles para la opinión pública. La pelea entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia y de esta con la Fiscalía son parte de la telaraña que muchos no terminamos de entender.
Mientras tanto no vemos avances en cuanto a la reforma política, más allá de la creación de un Senado todopoderoso y con deficiente representatividad. El Congreso debería revisar la norma electoral en cuanto a limitar la cantidad de partidos en contienda, al requerimiento de idoneidad de candidatos y a la fiscalización del uso de recursos económicos en campaña.
El Perú necesita crecer al menos 4% anualmente para reducir la pobreza monetaria; para ello debemos generar predictibilidad y estabilidad económica y política, lo que requiere que los tres poderes del Estado trabajen unidos.
La lucha contra la inseguridad ciudadana y contra el crimen organizado ha unido a los gremios de trabajadores con los gremios empresariales y ha generado un espacio de comunicación y confianza que sin duda nos servirá para construir en otros aspectos un sistema productivo más eficiente y robusto. Requerimos que desde los tres poderes del Estado se recoja esta experiencia para reconstruir la confianza.
