Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 29 de mayo del 2024
“Debemos implementar mecanismos de sanción para los candidatos que infrinjan las normas éticas”.
En medio de la conflictividad política, la violencia criminal y una debilitada economía, el Perú debe prepararse para enfrentar una contienda electoral, modificando un marco regulatorio probadamente deficiente. Urge ampliar la reforma política iniciada por el Congreso de la República, la cual incluyó la reincorporación de la Cámara de Senadores.
Dada nuestra nefasta experiencia electoral reciente y los riesgos por venir en la próxima contienda electoral, es imprescindible contar con criterios de elegibilidad rigurosos para la inscripción de candidatos, incorporando requerimientos de educación y experiencia, prohibir las candidaturas con antecedentes penales por delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros ilícitos que afectan la integridad pública y exigir al candidato aprobar evaluaciones técnicas de integridad, ética y moralidad.
Además, requerir a los candidatos la divulgación completa de su patrimonio, ingresos y posibles conflictos de interés, e implementar auditorías independientes para verificar la veracidad de la información, incluyendo la de antecedentes penales. Debemos implementar también estrictos códigos de conducta y mecanismos de sanción para los candidatos que infrinjan las normas éticas.
Fortalecer al Jurado Nacional de Elecciones como órgano rector y fiscalizador del cumplimiento de todos los requisitos, ejerciendo también un control sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Es recomendable implementar medidas de control, como el uso de firmas de auditoría independientes que verifiquen las fuentes y usos de los recursos de campaña y que estos informes sean transparentes. Hoy es muy fácil crear plataformas digitales donde la información de financiamiento de campañas sea accesible al público en tiempo real.
Todo esto acompañado de sanciones severas para aquellos involucrados en financiamiento ilegal, incluyendo multas significativas, penas de prisión, además de la descalificación automática de candidatos y partidos involucrados en prácticas de financiamiento ilegal.
Estas estrategias pueden contribuir significativamente a mejorar el proceso electoral y a la reducción de partidos en contienda, fortaleciendo así la democracia y la gobernabilidad del país.
