Por: Alfonso Bustamante Canny
Gestión
Luego de la reforma agraria de 1969, el capital y el talento se esfumaron del campo y la misma devino en un gran fracaso que privó de oportunidades al trabajador agrario y empobreció las zonas rurales y el país. Apareció el terrorismo y la gente del campo migró a las ciudades.
Aún hoy la agricultura de subsistencia ocupa el 95% del área agrícola nacional y está concentrada en los valles más ricos y productivos del país, carentes de capital y de capacidades para transformar su realidad.
El sector agro despertó en el Perú gracias a dos factores: los proyectos de irrigación y la ley de Promoción Agraria (LPA), que flexibilizó los contratos laborales y permitió contrataciones por temporada, promoviendo la reinversión de utilidades a través de una reducida tasa impositiva.
La LPA generó la creación de 4.700 empresas e incorporó 210.000 nuevas hectáreas productivas dedicadas principalmente a la agroexportación, que, con una inversión privada de US$15.000 millones, emplean un millón de trabajadores en el campo y en actividades conexas, lo que convierte este sector en la segunda fuente de divisas para el Perú.
Las leyes deben evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones; sin embargo, el Congreso de la República, en complicidad con el Ejecutivo, borraron de un plumazo y sin ningún análisis una de las leyes con mayor eficiencia en la historia del país, so pretexto de defender los intereses de los trabajadores.
Como consecuencia de lo anterior, sumada al nuevo escenario político, todas las inversiones, con excepción de los proyectos en curso en nuevos cultivos, se han detenido. Algunas de estas se mudaron apaíses como Colombia, Brasil y México.
No olvidemos que los países competimos por capital y talento, ambos recursos muy preciados, con alta movilidad. Los cultivos menos rentables, como el espárrago, están siendo erradicados, mientras los empresarios buscan acoger nuevas tecnologías y procesos más productivos para recuperar espacios de competitividad.
