El jueves pasado el Congreso de la República aprobó, por unanimidad, 83 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley que tipifica y sanciona los delitos informáticos, los ataques a la privacidad y las violaciones que se cometan a través de la Internet. Este proyecto, que ha quedado a la firma del presidente Humala, está basado en la conocida “Ley Beingolea” que fuera criticada y detenida por la presión del público el año pasado. La actual ley firmada por Juan Carlos Eguren del PPC y por Tomás Zamudio del Partido Nacionalista, fue finalmente aprobada en algunas horas cambiándose, aparentemente, su texto original por otro “conversado” a puerta cerrada.
El crecimiento del uso de Internet, sobre todo entre los jóvenes en el Perú, hace necesario preservar el ciberespacio de lacras y mantenerlo como un territorio lo más sano posible. El cibercrimen es algo que la sociedad no debe permitir ni alentar. Nadie puede estar de acuerdo con el robo de información personal, empresarial, el ingreso ilegal a servidores, la suplantación de identidades ni mucho menos con acciones deliberadas cometidas por adultos contra menores de edad. Ninguna de estas conductas puede ni debe ser tolerada. Sin embargo el proyecto presenta ambig?edades muy peligrosas que no pueden ser pasadas por alto sin un debate público adecuado, extenso y técnico. No se puede bajo el pretexto de preservar un bien jurídico atentar contra otro. Esa celeridad es sospechosa y la razón es muy sencilla.
En los últimos meses, no hay duda, Internet y las movilizaciones contra los políticos en el Perú han tenido a las redes sociales como oportunos catalizadores. Internet ha sido el medio desde donde cientos de miles y, diría sin temor a equivocarme, millones de peruanos hemos opinado y fiscalizado la actuación de los partidos, de sus representantes y, en general, de nuestras autoridades. Estas movilizaciones o protestas o como quieran llamarlas, han sido auténticas, espontáneas y lamentablemente para algunos, populares. No han habido ni partidos tradicionales ni líderes conocidos; han nacido en las redes sociales y luego han llegado a las calles y plazas. Todas ellas han sido organizadas por jóvenes sin más interés que el de querer expresar su voz y su disconformidad. Frente a esto el sistema político se ha visto seriamente cuestionado por su nula representatividad. Allí están las movilizaciones por el tema de Repsol, la reelección conyugal, la ley del Servicio Militar Obligatorio, la repartija o el aporte obligatorio a los AFP. En todas, el Gobierno por un lado y el Congreso por otro, han quedado seriamente cuestionados en su legitimidad. Nada de esto hubiera sido posible sin libertad en Internet.
Por eso este proyecto de Ley por más plausible en su esencia puede convertirse en un arma devastadora contra esa legítima protesta popular y contra el derecho a informarnos y a informar libremente; como lo hacen los periodistas pero sobre todo los ciudadanos desde Facebook, Twitter o desde sus blogs. Detrás de los mismos argumentos loables de nuestros legisladores países como China han sometido y someten a sus ciudadanos. Allí no hay libertad y sí, exilio, prisión o muerte para quienes se oponen al régimen y lo manifiestan desde Internet. En América Latina varios países repudian Internet y buscan controlarlo con leyes similares. Por eso hay que tener sumo cuidado. Políticos irresponsables, como los que tenemos y en una gran mayoría, con una ley como esta, representan un peligro tan o peor que darle una metralleta a un grupo de monos. Más reflexión y debate son indispensables.
Publicado en Expreso, 14 de setiembre de 2013
