El Estado de derecho es una garantía fundamental para el desarrollo. Todos, incluso quienes gobiernan, deben someterse a las leyes y ser juzgados en igualdad de condiciones, sin excepciones, por alto que sea el cargo que ostentan. Si el país y sus ciudadanos no respetan y no preservan el Estado de derecho no hay forma de convivir y menos de desarrollarse. Aun cuando nuestro ordenamiento jurídico y quienes están llamados a ser sus guardianes no están, muchas veces, a la altura que todos quisiéramos es fundamental hacer todos los esfuerzos por defenderlo.
En esa dirección las sentencias son resoluciones judiciales que tienen que cumplirse sin dudas ni murmuraciones. Y esa carácter compulsivo y obligatorio nace precisamente de un juez que tiene competencia y legitimidad. La fuerza pública debe hacer cumplir el fallo si la parte afectada con la resolución no lo permite. Esa es la única forma de avanzar como sociedad.
Lo ocurrido en Cajamarca, sin embargo, aun cuando existía una resolución judicial, discutible, pero firme, obligaba a Fidel Flores y a su familia a acatar la misma. No debió ni desobedecer ese mandato ni menos enfrentarse con ladrillos y bombas molotov a la policía. Su actitud temeraria fue un ingrediente nefasto.
Pero toda la legitimidad para actuar de la jueza y la policía, se estrella con la pésima ejecución de su propia resolución. La incompetencia policial en el planeamiento, la presencia de matones como fuerza de choque aceptada y hasta alentada por la autoridad, y la falta de previsión de la jueza, sumados al imprudente e irresponsable disparo policial y la posterior pateadura del agonizante –por esos mismos policías exacerbados–, contra su hijo y esposa, que acudieron a auxiliarlo, configuran hechos brutales que ese mismo Estado de derecho y sus defensores no pueden permitir.
El problema no son la motosierra, el predio, ni la jueza, ni la policía, solamente; el problema es que seis días después de este triste incidente no existe un mensaje claro del gobierno. Y para variar, como en otras ocasiones donde también hubo muertos, no se individualiza ni castiga a los responsables, y entonces ese Estado de derecho con el que muchos se llenan la boca da la impresión de ser una caricatura. No se trata de alentar ajusticiamientos en ninguna dirección. Pero no se trata, tampoco, de alentar la incompetencia, la irresponsabilidad, la indolencia y, finalmente, la injusticia que socava ese mismo Estado de derecho.
Quienes quieren subvertir el orden aprovechando este brutal incidente deben ser desalentados. Aunque es muy difícil pedir paz en circunstancias tan dolorosas, es indispensable serenidad. Finalmente quienes tienen la mayor responsabilidad de aclarar y explicar todo este incidente son las autoridades políticas; porque para eso están en el poder, para resolver estos problemas, sobre todo por los más humildes.
