Alejandro Falla Jara, Abogado y profesor PUCP y UP
El Comercio, 27 de julio de 2016
El nuevo gobierno anuncia un ‘shock’ de inversiones. Hay que destrabar, se dice. La mayoría de estas inversiones están a cargo de privados. Se ofrece poner al Estado como facilitador. Tenemos una brecha muy grande en el desarrollo de infraestructura que afecta la competitividad de empresas y reduce el bienestar. Se requiere de inversiones para revertir esta situación. Eso está bien, pero hay que tener cuidado en la forma como el Estado presta su “ayuda”.
La ayuda puede venir de diferentes formas. El Estado puede garantizar los ingresos futuros de los inversionistas, como sucede en algunas concesiones con ingresos garantizados. Puede asegurar al inversor que sus productos tendrán un mercado seguro, como sucede con algunos proyectos de generación de electricidad. Puede también facilitar el financiamiento de las inversiones, a través del otorgamiento de garantías con respaldo del Estado; liberarlos de ciertos gastos vinculados con el mantenimiento de ciertas obras; facilitarles el acceso y uso de ciertos activos del Estado necesarios para el desarrollo de sus proyectos. Este tipo de ventajas suelen ser necesarias para sacar adelante proyectos de interés público. Nada que cuestionar por este lado.
Pero, a veces, esta ayuda puede distorsionar la competencia. Eso sucede cuando el Estado le da una manito a proyectos en mercados donde ya existe otro agente que hace lo mismo. Si libero a X, que compite con Y, de una obligación que afecta a ambos, X queda en condición más ventajosa frente a Y. Lo mismo sucede cuando le permito acceso a un insumo a un precio artificialmente bajo, le aseguro la venta de sus productos, le garantizo un ingreso futuro, o le alivio la carga de soportar determinados gastos que su competencia debe asumir. Por más esfuerzo que se haga, no hay forma de ganarle a alguien que compite con la ayudita del Estado.
En este contexto, la competencia se distorsiona. Las empresas empiezan a competir por el nivel de ayuda y protección que reciben del Estado. Se preocupan más de visitar al ministro que a sus clientes.
En otros lados, cuando el Estado quiere otorgar algún tipo de beneficio a una empresa privada que realiza actividades en competencia con otros, se analiza previamente si la ayuda puede afectar el proceso de competencia en el mercado. Si hay un impacto negativo, no se otorga el beneficio o se lo hace bajo condiciones que buscan eliminar o minimizar dicho impacto. Control de ayudas estatales, así se llama el mecanismo que se aplica en la Comunidad Europea para evitar este tipo de distorsiones.
Lamentablemente, en el Perú no existe un mecanismo de este tipo. Nadie se preocupa por identificar y evitar distorsiones generadas por las distintas formas de ayudas estatales a empresas privadas. Nos estamos llenando de ayudas estatales sin control sobre su impacto. Algunos mercados (como el eléctrico) ya empiezan a sentir los efectos de este descontrol. Cuidado. De ayudita en ayudita podemos estar generando grandes distorsiones. Y eso nos puede costar caro.
Lampadia
