El Comercio, 22 de Marzo de 2017
Durante las últimas semanas hemos presenciado hechos que ponen en evidencia algunas debilidades en el diseño de las instituciones encargadas de la regulación de los servicios públicos, los ‘Osis’ (Osiptel, Osinergmin, Ositrán, Sunass).
Los organismos reguladores de los servicios públicos fueron creados en los 90 con el objeto de garantizar una administración técnica e independiente de la regulación de estos servicios. Dado el déficit de inversiones en esas industrias y la incapacidad del Estado de asumirlas, era necesario atraer inversiones del sector privado. La existencia de reguladores independientes actúa como una garantía hacia los inversionistas para recuperar sus inversiones. No hay nada más fácil que expropiarle a uno su dinero a través de la regulación de tarifas, inocuas interpretaciones de los contratos de concesión o amigables regulaciones de calidad. Un regulador técnico e independiente, ajeno al juego político, es una garantía de que ello no ocurrirá.
Hace unas semanas se lanzó la convocatoria para el concurso de selección del presidente de varios organismos reguladores. Si se juzga solo por el número de postulantes interesados en ocupar dichos cargos (entre 10 y 19 según el caso), uno debiera sentirse satisfecho. Hay de dónde escoger.
La gran mayoría de los candidatos son o han sido funcionarios de un organismo regulador (por lo general del mismo al que postulan), o de una entidad que cumple alguna función reguladora vinculada al sector. Destaca la poca presencia de candidatos que provienen del sector privado. Por las puras gastaron en publicar la convocatoria en “Semana Económica”. Bastaba con la publicación en el diario oficial “El Peruano”. Las reglas del proceso de selección y las condiciones ofrecidas (S/15.600 netos, sumado a la imposibilidad de trabajar en el sector al cesar en el cargo) impiden atraer “sangre fresca” y visiones diferentes a estos concursos.
En paralelo, la semana pasada hemos presenciado acusaciones cruzadas que involucran a un organismo regulador con ocasión de la aprobación de una adenda a un contrato de concesión. Han circulado desde audios de reuniones de un consejo directivo hasta avisos pagados en periódicos. Más allá de la anécdota y del necesario esclarecimiento de lo sucedido, el incidente pone en evidencia también problemas en el diseño institucional de dichas entidades.
El incidente vincula a un regulador con un consejo directivo incompleto, con solo tres integrantes designados de un total de cinco. Esta ha sido la constante en la mayoría de reguladores en los últimos años por falta de candidatos, reflejo nuevamente de las pobres condiciones ofrecidas para un puesto de estas responsabilidades. Pero además el incidente revela el desbalance que existe en el gobierno interno de estos organismos, con un solo integrante del consejo a tiempo completo y el resto atendiendo solo a las sesiones a las que son convocados.
Si no se logra una pluralidad y un balance de perspectivas dentro de los consejos directivos en un área que naturalmente lo requiere, la ventaja del mecanismo se pierde y los riesgos de captura (de todo tipo) se incrementan. Para atraer “sangre fresca” es necesario introducir ajustes en el diseño institucional de los reguladores. Podemos empezar mejorando las condiciones que se ofrecen y estableciendo que la mayoría de los integrantes de los consejos debe tener dedicación exclusiva.
