Alejandro Falla Jara, Socio de Bullard Falla Ezcurra
El Comercio, 19 de octubre de 2016
Prohibir el uso de celulares durante las horas de clase. Forzar a los establecimientos de comida a colocar carteles instructivos para aplicar la maniobra de Heimlich o compresión abdominal de emergencia. Restablecer el servicio de turno obligatorio e ininterrumpido de las farmacias y boticas. Forzar a las playas de estacionamiento a cobrar por minuto.
Prohibir el acceso de menores de edad a páginas pornográficas en cabinas de Internet. ¿Qué es todo esto? Son ejemplos de algunas iniciativas legislativas que han circulado en el Congreso de la República.
En la exposición de motivos de estos proyectos se incluye una sección de análisis costo-beneficio. Palabras más, palabras menos, la frase que se repite allí es la siguiente: “El presente proyecto no irrogará gastos al Estado y generará evidentes beneficios a la población”.
No se dice nada respecto del costo que tendrán que asumir las empresas para cumplir con la nueva regulación. El costo de poner cartelitos o pagar horas extras a los trabajadores no parece ser algo que les preocupa a los legisladores. Se asume que estas exigencias no cuestan a las empresas; o que si ‘ganan menos’ por la regulación, eso no es un problema. ¿Y el costo de fiscalizar estas nuevas regulaciones? Se asume que fiscalizar a las cabinas de Internet, a las farmacias o a las playas de estacionamiento no le cuesta un sol más al Estado.
Se asume también que con la ley se resuelve un problema sin generar otro peor. Que los precios de las medicinas o de los estacionamientos se incrementen como consecuencia de la propuesta no parece ser un problema. Ni siquiera se identifica este riesgo en la exposición de motivos de estos proyectos.
El análisis costo-beneficio de las iniciativas legislativas aplicado en el Congreso es un saludo a la bandera. Según algunos estudios, solo uno 1 de cada 10 proyectos de ley satisface mínimamente esta condición. La falta de un análisis previo y serio del impacto de las propuestas regulatorias es una de las causas por las que estamos llenos de regulaciones costosas e inútiles.
Hace algunas semanas se presentó en el Congreso una iniciativa que busca forzar nuevamente el análisis previo de los costos involucrados en los proyectos de ley. Se propone ayudar a los congresistas a cumplir con su obligación mediante la creación de una oficina de estudios económicos al interior del Congreso. Esta oficina tendría como función asesorar en materia económica y de impacto regulatorio a los grupos parlamentarios y comisiones del Congreso.
La idea en sí misma no es mala, pero puede tener un efecto limitado. Contar con oficinas llenas de economistas no garantiza nada. Los reguladores de los servicios públicos que cuentan con este tipo de oficinas se comportan a veces de la misma manera que el Congreso. Se lograría más si se empieza a declarar la inconstitucionalidad de leyes que no cuentan con un análisis previo y serio de impacto regulatorio. Bastaría con que el Tribunal Constitucional empiece a morder en este tema y nos defienda de regulaciones costosas e inútiles que aplastan a los ciudadanos. Ojalá lo haga.
