Por Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra
El Comercio, 21 de febrero de 2018
El año pasado se hizo pública la intención del Congreso de revisar el diseño de los organismos reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass). No está mal. Se viene demandando una revisión en profundidad del rol que desempeñan este tipo de entidades. En los últimos años se han venido registrando signos preocupantes de debilitamiento de este modelo de regulación.
Parece bueno cuidar la intangibilidad de los fondos de los reguladores. No queremos que los aportes por regulación terminen siendo usados para financiar la construcción de viviendas para la policía o campañas del Reniec para dotar de identidad a ciertos grupos poblacionales. Los aportes por regulación no deben ser usados como caja chica del Ejecutivo. Pero también hay que cuidar que sean eficientes en la forma cómo definen sus presupuestos y realizan sus gastos. No es poca plata la que manejan (S/600 millones). Algunos tienen presupuestos superiores al del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
A diferencia de otras entidades, los reguladores pueden dictar normas que afectarán la vida de los agentes regulados y de los consumidores de los servicios. Parece bueno que se reconozca que deben hacer un análisis previo de impacto regulatorio de las decisiones que adoptan. Pero hay que colocarles incentivos que los fuercen a hacerlo. Desde el año 2000 –fecha en que se aprobaron los reglamentos de organización y funciones de estas entidades– están obligados a hacer una evaluación previa de costo-beneficio de sus decisiones. Pese a ello, no lo han hecho de manera seria. Sin un mecanismo de supervisión externa con dientes afilados, es difícil que cumplan esa obligación. Podrían mejorarse los mecanismos de control externo u obligárseles a incluir siempre un plazo de vigencia en toda regulación que aprueben (no mayor a tres años), forzándolos de esta manera a revisar periódicamente sus propias actuaciones.
Se cae de madura la necesidad de modificar el mecanismo de designación de los integrantes de los consejos directivos de los reguladores. El proceso es un límite para atraer candidatos para estos cargos. Pero hay que mirar también la estructura interna de dichos consejos. No parece saludable mantener un esquema donde el presidente está a tiempo completo y el resto solo atiende por horas. Bajo este esquema, no hay balance y el riesgo de caer en manos de los fantasmas de ciertos individuos se incrementa. El proceso de este proyecto continuará en la siguiente legislatura. Esperemos que la dinámica de discusión que se ha tenido hasta la fecha se mantenga. Hay bastante pan por rebanar.
