Aldo Defilippi, Director Ejecutivo de la AmCham Perú
Gestión, 13 de setiembre de 2018
Nuestra institucionalidad ha venido progresivamente en caída, impactando negativamente en nuestra competitividad. Sin lugar a duda, la falta de instituciones sólidas genera temores que frenan el crecimiento del país, retrayendo las inversiones, entre muchos otros aspectos perjudiciales.
No es difícil entender que un escenario de incertidumbre, sin reglas de juego claras, los agentes económicos evitan tomar decisiones de inversión tan necesarias para el cierre de brechas de pobreza, desempleo y desigualdad.
De acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2017-2018 que elaboró el Foro Económico Mundial, nuestro país se ubica en el puesto 116 de 137 países en materia de institucionalidad. En dicho pilar, nos encontramos en el nivel 109 en derecho de propiedad, 131 en carga regulatoria, 129 en arreglo de disputas, 121 en comportamiento ético de las empresas, entre otros.
Y es que un país en el que cada día se descubren nuevos actos de corrupción, desde diferentes instituciones, carece de credibilidad. Estos hechos conllevan, naturalmente, a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus autoridades y se ahuyenta a los empresarios honestos interesados en trabajar y generar trabajo en nuestra nación. Esto debemos cambiarlo ya.
En el Perú, la falta de institucionalidad ha venido muy de la mano con los actos de corrupción. Los recientes destapes que se vienen haciendo en las instituciones encargadas de administrar la justicia están golpeando enormemente nuestra economía.
En ese sentido, urge lograr un crecimiento estructurado, con instituciones sólidas, un Estado eficiente y funcionarios probos. Necesitamos impulsar modelos de gestión que promuevan la competencia, transparencia y la ética. Debemos trabajar todos juntos por un entorno en el que las empresas, Estado y la sociedad civil cooperen para eliminar las distorsiones que frenan el desarrollo y promover valores que beneficien a todos los peruanos.
Para ello, tal como lo propone el informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se necesita apostar por la inversión pública y por la innovación para relanzar el crecimiento de las naciones. La transparencia y las nuevas tecnologías son parte vital en ello. Estas podrían ser aliadas estratégicas para que la inversión pública se dé de manera más eficiente, dinámica y conectada con los requerimientos de la ciudadanía.
El uso de las nuevas tecnologías se presenta como un perfecto socio para propiciar la transparencia. Una política de datos abiertos y utilizando tecnologías de big data y otros, podrán ayudar a identificar hechos de corrupción de manera más rápida o evitará que se presenten. La automatización de procesos también permitirá evitar prácticas ilegales dentro del aparato estatal. Pero, sobre todo, se necesita cortar con la tolerancia y complacencia ante lo que vemos todos los días. El Estado de derecho exige respeto a la ley, pero también sanción a quien la incumple. Es momento ya de modernizar el Estado y salir de la zona de confort que evita hacer cambios porque las cosas siempre “funcionaron” así.
