Gestión, 21 de febrero de 2017
Por Aldo Defilippi, Director Ejecutivo – Amcham
En medio del actual destape de la corrupción, es necesario reflexionar sobre cómo evitar que las inversiones públicas y privadas se paralicen, y así continuar desarrollándonos como país. Hoy atravesamos una nueva crisis de confianza a raíz de las denuncias en la concesión de proyectos de infraestructura; y esto es un problema que trasciende las fronteras partidarias y que representa una amenaza a la estabilidad del sistema político y de la comunidad empresarial.
La coyuntura actual exige un sector empresarial informado, participativo y unido en la tarea de promover la infraestructura, educación, salud, y mejorar la competitividad y la facilitación comercial. Las empresas que cumplen con la ley brindan seguridad social, pagan impuestos e invierten en desarrollo de talento, investigación e innovación de nuestro país, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para millones de peruanos y sus familias. Que algunas empresas o empresarios actúen en forma indebida no hace a los demás empresarios también ser calificados de corruptos.
Por ello, es necesario crear conciencia cívica sobre el daño que causa la corrupción y evitar la complacencia por actos cotidianos que se producen en el país, sea por el Gobierno, empresa, cualquier funcionario o ciudadano en general. Invocamos también a las instituciones encargadas de investigar y aplicar la justicia a sancionar a los culpables. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, apoyamos al Gobierno a lograr el crecimiento económico, con la consecuente generación de empleo, reducción de la pobreza y aumento del bienestar.
Buscamos contribuir a que el país tenga una economía competitiva, segura y atractiva para el desarrollo de oportunidades. Con el liderazgo del presidente Kuczynski, debemos reactivar algunos de los más de 40 proyectos mineros en cartera, según las posibilidades del mercado, que generan importantes inversiones directas y un efecto encadenado hacia muchas otras actividades, como transporte, equipos, seguros, financiamiento, etcétera. Asimismo, urge comenzar la esperada reforma del Poder Judicial y continuar con las reformas del sector público, para que impere el Estado de Derecho con proporcionalidad y racionalidad.
Por otro lado, al iniciar el Gobierno del presidente Trump, confiamos en que el Perú y Estados Unidos mantendrán condiciones propicias para el diálogo, así como para la construcción de una agenda común, donde se pueda aprovechar el TLC y otros asuntos relacionados al comercio exterior, inversiones, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Juntos, el Gobierno y el sector privado, deben redoblar esfuerzos para continuar el proceso de crecimiento y reducción de la pobreza, que se ha logrado gracias a la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica, las inversiones y empleo. Esforcémonos por hacer las cosas bien: las empresas deben competir limpiamente, los ciudadanos actuar con integridad y el Estado velar por la justicia y ser incorruptible.
