Por: Adriana Tudela
Perú21, 8 de noviembre de 2020
Ya nos estamos acostumbrando a ver a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, en los sets de televisión o en las portadas de los diarios haciendo comentarios políticos sobre distintas causas que ya han sido resueltas o están pendientes de ser resueltas ante el tribunal que ella misma preside.
Este reiterado comportamiento es otra muestra más del deterioro de nuestras instituciones y de la prevalencia del “todo vale” en la lucha política. En este caso el deterioro se ve materializado en la figura de “jueces activistas” que no tienen mayor escrúpulo a la hora de dejar atrás la neutralidad y reserva que deben mantener frente a los asuntos en los que intervienen, lo que es incompatible con el correcto ejercicio de sus funciones.
Esta vez, en entrevista con Perú21, la magistrada se refirió a la vacancia presentada contra Martín Vizcarra en el Congreso, señalando que se trata de una lucha por el poder que generará una inestabilidad poco saludable para el país. También señaló que el Congreso, en una muestra de antipatriotismo y egoísmo, sólo estaría preocupado por arrebatarle el poder al Presidente para enquistarse en él. Con dicha afirmación, la presidenta del Tribunal se alineó explícitamente con la postura del Ejecutivo.
Que la presidenta del Tribunal califique públicamente las motivaciones o el accionar de una de las partes de la contienda que actualmente está bajo su jurisdicción es francamente inaceptable. No solo porque ella representa al Tribunal Constitucional en su conjunto, sino porque está incumpliendo un deber expreso de reserva y pone en duda la imparcialidad con la que -en teoría- debería resolver el caso.
Asimismo, con sus declaraciones Ledesma pretende anteponer una evaluación de carácter político que no tendría por qué entrar en consideración a la hora de determinar si se están respetando o no las reglas constitucionales. Cuestionar la legitimidad de la vacancia alegando que se afectaría la gobernabilidad (¿?) y la estabilidad (¿?) del país implica esquivar el fondo de la discusión jurídica y, por lo tanto, no es un argumento relevante para el análisis constitucional que la magistrada debe limitarse a hacer.
Tras esta clara muestra de alineamiento con el oficialismo, cabe preguntarse: ¿Por qué no le generó igual preocupación que la estabilidad y la gobernabilidad del país se vea afectada cuando se discutía la constitucionalidad del cierre del Congreso el año pasado? ¿Por qué ahora cuestiona la manera reiterativa en la que se ha presentado la vacancia, dando a entender que se trata de un abuso, cuando no tuvo el mismo estándar para medir las múltiples cuestiones de confianza presentadas por el presidente Vizcarra cuando aún estaba en funciones el Congreso anterior?
Las banderas políticas de la presidenta del Tribunal Constitucional han sido izadas; sin embargo, el problema no está en tenerlas pues todos las tenemos. El problema está en que no debieran nublar ni mucho menos reemplazar el criterio jurídico de quienes conforman, o presiden en este caso, el órgano supremo de control constitucional y justamente eso es lo que parece estar ocurriendo con su presidenta.
