Por: Aldo Ferrini, Gerente general de AFP integra
Gestión
Nuestra obligación es participar, informarnos y elegir bien a quienes nos gobernarán los próximos cinco años.
El lunes 9 de noviembre amanecimos con la noticia de que la farmacéutica Pfizer y la empresa de biotecnología BioNTech estaban muy cerca de lograr la vacuna para el COVID-19. Una noticia que fue muy bien recibida en el mundo entero, lo que se reflejó en todos los mercados. El índice de acciones S&P 500 llegó a subir más de 3% durante el día y sectores muy golpeados por la pandemia, como aerolíneas y banca, tuvieron sendas recuperaciones. El Perú no fue ajeno al rebote y el índice de la bolsa subió más de 5%; Credicorp, la acción mas líquida de nuestro mercado, subió 17%.
Sin embargo, al final de la jornada el Congreso votó a favor de la vacancia de Martín Vizcarra, evento que, por la información que se manejaba ese día en la mañana, no se esperaba. El martes 10 el índice de la bolsa cayó 6,5%, Credicorp perdió 18% de su valor, el sol se depreció 1,5% y el riego país subió. Todo lo anterior en un entorno global de mayor optimismo.
La crisis política e institucional en la que estamos desde hace varios años le está haciendo un daño tremendo al país, no solo desde el punto de vista económico (que es de lo que suelo escribir en esta columna), sino, más importante, desde un punto de vista ciudadano, limitando enormemente las posibilidades de desarrollo, crecimiento y bienestar.
Durante las últimas décadas hemos logrado como país una estabilidad y reconocimiento macroeconómico envidiable; sin embargo, hemos fracasado profundamente en lo político. Este fracaso, acelerado desde el 2016, se está consumiendo el crédito económico que hemos acumulado con tanto trabajo, pero que no es suficiente para transformar el Perú en el país que queremos.
Este Gobierno de transición debe entender claramente que es de transición. Que sus responsabilidades principales son (i) llevar de la mejor manera posible el proceso electoral y asegurar las elecciones de abril del 2021, y (ii) dirigir todos los esfuerzos a superar la crisis económica y sanitaria.
Debe comprender que cambios que son necesarios y trascendentales, como la renovación del Tribunal Constitucional, han de hacerse con la legitimidad que, a través de elecciones, los ciudadanos entregamos tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo. Legitimidad que hoy ambos poderes han perdido.
Las protestas ciudadanas que espontáneamente han manifestado su rechazo a los eventos recientes son un claro mensaje de que esta crisis política debe terminar ya y en beneficio del ciudadano. El derecho constitucional de protestar se tiene que respetar y fortalece nuestra democracia.
Finalmente, tenemos una nueva oportunidad en abril del 2021 para impulsar un cambio. Nuestra obligación es participar, informarnos y elegir bien a quienes nos gobernarán los próximos cinco años. No la desperdiciemos. No tendremos muchas más.
Esta columna la escribí el jueves 12 de noviembre, a un poco más de una semana de publicarse (como todas las que escribo para esta revista), con el riesgo, por la velocidad en que están cambiando las cosas, de quedar desactualizado al momento de que esta sea leída. Sin embargo, dudo mucho que cambie mi opinión.
