Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una de las entidades más nocivas del Estado peruano es la DIGEMID. El domingo pasado un informe de Cuarto Poder reveló que hay muchos medicamentos que proceden de países que carecen de alta vigilancia sanitaria como China, India, Argentina y otros y que se venden con cargo a recibir en algún momento la certificación de buenas prácticas (CBM) de la DIGEMID, y que hay casos de medicinas que proceden de laboratorios desaprobados por esa entidad que sin embargo se venden con el sello de CBM supuestamente emitido por la DIGEMID. Es decir, casos de fraude, lo que constituye delito.
(La Salud de los Peruanos)
En cambio, resulta que los medicamentos procedentes de países de alta vigilancia sanitaria, como los de la Unión Europea o Estados Unidos, no están disponibles porque la DIGEMID pone toda clase de trabas para la aplicación de la ley 32319 que establece un procedimiento acelerado, un fast track, por el cual si la DIGEMID no contesta en 45 días, por silencio administrativo positivo queda aprobado el registro sanitario del medicamento (era frecuente que medicamentos simples demoraran 3 o 4 años en obtener dicho registro). Es obvio que en esos países los requisitos son muy rigurosos. En la práctica, se sigue exigiendo documentos que hacen imposible la importación.
Es decir, se facilita la importación de productos de países de baja vigilancia sanitaria y hasta se deja de fiscalizar el fraude, pero se hace lo imposible por impedir la importación de medicamentos genéricos de países de alta vigilancia sanitaria.
Esa es la DIGEMID. En lugar de centrar sus esfuerzos allí donde se requieren, allí donde hay riesgo para la salud de los peruanos, se dedica a impedir el acceso a medicamentos, incluso genéricos, en los que no hay riesgo.
¿Por qué? Habría que investigar lo que hay detrás. Quizá no quieran perder el poder de generar y percibir peajes.
La DIGEMID es el feudo patrimonialista de los químico-farmacéuticos. Han sentado allí sus reales.
Lo que también es absurdo y una arbitrariedad inaceptable es la reciente resolución ministerial 734-2025-MINSA, generada por la DIGEMID, pero firmada por el ministro Luis Quiroz, que prohíbe la venta en las farmacias de una serie de productos y servicios que son los que le darían viabilidad económica a la gran mayoría de establecimientos que son boticas no conectadas a cadenas, tal como denuncia la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB) en un comunicado.
Por ejemplo, se prohíbe que vendan alimentos no perecibles o bebidas (salvo agua o bebidas con electrolitos), sin razón alguna. No pueden vender chocolates ni nada parecido. Ni siquiera pueden vender leche maternizada o gomitas con vitaminas, y ello pese a que INDECOPI ya declaró barrera burocrática que se prohíba la venta de “víveres” (no perecibles) en las farmacias. Es decir, el Ministerio desacata abiertamente una resolución del INDECOPI.
Tampoco pueden vender ropa. Ni siquiera batas o pantuflas para la estadía en el hospital. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Menos aún pueden vender La Tinka o cualquier lotería, o peluchitos, ni servicios de peluquería, nada que les ayude a que el negocio sea rentable.
Por supuesto, también prohíbe que las farmacias o boticas ofrezcan análisis clínicos y consultas médicas, ni físicas ni virtuales, algo doblemente absurdo sabiendo que la mayor parte de los peruanos va a las farmacias precisamente a consultar qué remedios tomar para los males que sufren, debido a que el sistema público no funciona y no tiene los medicamentos necesarios. Es decir, el perro del hortelano: ni come ni deja comer.
En realidad, una solución a la ausencia práctica del primer nivel de atención de salud sería autorizar a que las farmacias y boticas absuelvan consultan médicas y den servicios de asistencia mínimos. Aprovechar la red.
Por lo demás, estas prohibiciones son inconstitucionales. Atentan contra la libertad de empresa, y condenan en la práctica a la quiebra a muchas boticas que no tienen las ventajas de pertenecer a grandes cadenas. Son un abuso que hay que parar.
La DIGEMID requiere una reforma profunda. Es un atentado permanente contra la salud de los peruanos y contra los pequeños establecimientos.
Lampadia
