CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia
El absurdo argumento del presidente Francisco Sagasti vertido en una entrevista el domingo pasado, entrará a la antología de las canalladas dichas y hechas durante la pandemia, junto con la vacunación clandestina de Martín Vizcarra, y la de ministras y otros funcionarios del Gobierno de Sagasti.
Para negar la posibilidad de la importación de vacunas por empresas privadas sostuvo que por “equidad” no quería que el que tiene plata se vacune y que el que no tiene no lo haga. Un argumento usual de las izquierdas contra los privilegios de los ricos. En este caso, entran en la categoría de privilegiados, ricos, acaudalados, opulentos, millonarios, aquellos peruanos que pueden disponer de 35 soles para eventualmente administrarse una vacuna rusa Sputnik V que cuesta eso. O de 70 soles, para las dos dosis y quedar a salvo del virus.
Sin duda el académico Sagasti, un connotado intelectual de izquierda, acaba de establecer una nueva línea divisoria entre ricos y pobres, donde entran en la primera categoría todos aquellos que para salvar su vida están en condiciones de invertir 70 soles en una vacuna.
Naturalmente, todo esto es una quimera, pues el Gobierno se niega a autorizar el uso de la vacuna rusa en el Perú, vacuna que ya está acreditada en decenas de países y tiene una eficacia superior a la china que ha adquirido Sagasti en condiciones oscuras y cuestionables.
Es decir, los peruanos ricos, los que tienen más de 70 soles, no tienen la opción de vacunarse con la importación de vacunas por empresas privadas y tendrán que esperar -y seguir muriendo- mientras que la ineficiente gestión de Sagasti pueda traer más vacunas chinas y administrarlas con una lentitud e indolencia digna de un Gobierno de intelectuales de izquierda.
En realidad, la obstinada negativa de Sagasti a permitir que otros importen vacunas parece explicarse no solo por su ceguera ideológica sino también, como ha señalado Ernesto Bustamante, por corrupción.
Si empresas privadas -o gobierno regionales o municipales- pudieran traer vacunas a un precio menor que las que ha comprado el Gobierno, sería una evidencia que se ha estado pagando un sobreprecio que solo se explicaría por lo que muchos están sospechando ya.
Además, si las empresas privadas pudieran vacunar a sus trabajadores más rápido que la lentísima maquinaria estatal, también quedaría al descubierto su deficiente gestión.
Por lo demás, probablemente muchas empresas privadas estarían dispuestas a vacunar gratuitamente a sus trabajadores, lo que sería un golpe demoledor a las ideas populistas e izquierdistas de los actuales gobernantes y varios candidatos, que sostienen la teoría de la maldad intrínseca del capitalismo.
Así, mientras siguen muriendo peruanos que podrían vivir si Vizcarra y Sagasti hubieran comprado vacunas de calidad a tiempo -como hizo Chile-, estamos entrampados en discusiones absurdas sobre como no favorecer a aquellos ricos que pueden disponer de 70 soles. Lampadia
