Jaime de Althaus
Para Lampadia
El sistema de justicia, que forma parte esencial del Estado, no funciona en el Perú. Los procesos son interminables, la corrupción rampante y se libera a delincuentes o, por el contrario, se comete abusos innombrables. El resultado es que el sistema no protege los derechos de la mayor parte de los peruanos ni garantiza seguridad jurídica para los negocios.
La demora en los procesos se manifiesta en una carga acumulada pendiente de 3’626,988 procesos a noviembre. En el Poder Judicial y el Ministerio Público sostienen que necesitan más jueces y más fiscales. Un 25% más de jueves y un 19% más de fiscales, respecto de los que hay ahora. Esto es más presupuesto por 932 millones en el primer caso y por 480 millones en el segundo.
Pero no necesitaríamos tantos magistrados adicionales si el sistema fuera más eficiente y menos corrupto.
Para comenzar, resulta que el 40% de los jueces, así como el 56% de los fiscales son “supernumerarios”, es decir, abogados de la calle contratos de manera temporal para suplir vacantes. Y aquí viene el problema, porque por lo general el presidente de la Corte Superior contrata a allegados suyos: amigos, compañeros de promoción, familiares o familiares de magistrados. Esos supernumerarios evidentemente no son independientes. Hacen lo que le pide quien los contrata. Es un sistema neopatrimonialista que genera redes de intercambio de favores o eventualmente de corrupción, como el caso de los Cuellos Blancos del Puerto.
Pero, además, estos abogados pueden no estar capacitados para la función o, en todo caso, entran dentro de un esquema de alta rotación. Entonces los casos se demoran porque el nuevo juez de debe empezar de cero.
Lo que se requiere es pasar de un sistema patrimonialista a uno meritocrático.
Está por debatirse en el Congreso la reforma constitucional que reemplaza la JNJ, que no ha podido nombrar magistrados titulares a la velocidad necesaria, por la Escuela Nacional de la Magistratura, de modo que ingresen a la judicatura los mejores alumnos luego de dos años de estudios.
Natale Amprimo ha propuesto que desde el sector privado de forme un fondo para que estudiantes del 10% superior de las mejores universidades hagan sus prácticas en el sistema judicial recibiendo un pago bastante superior al que ganarían en un estudio. Algún porcentaje de esos practicantes luego querrá quedarse a fin de que en el mediano o largo plazo vaya mejorando la calidad de los magistrados
Pero, además, es necesario eliminar las ratificaciones cada 7 años, que son una espada de Damocles, y reemplazarlas por evaluaciones de desempeño internas rigurosas. Esto está también en el proyecto Echaiz.
Se requiere, además, una reforma de la Corte Suprema, que debería concentrase en un número limitado de casos para fijar jurisprudencia, para que haya predictibilidad en las sentencias y por lo tanto mayor celeridad y menor corrupción. Pero esto solo puede hacerse luego de mejorar sustancialmente la calidad de las Cortes Superiores, para que se conviertan en última instancia confiable de la mayor parte de los procesos.
El expediente judicial electrónico (EJE) y la oralidad en lo civil ya han demostrado que ahorran tiempo en más de un 50% y reducen corrupción. Hace falta avanzar en los préstamos del Banco Mundial y del BID para extender el EJE a los órganos que faltan en lo civil y al ámbito penal, donde ayudaría mucho a acelerar y transparentar. La inteligencia artificial ya se ha probado también en Lima Norte para facilitar la redacción de resoluciones.
Hay que revisar los códigos procesales, para simplificar. Hay una comisión presidida por Giovanni Priori que está a punto de terminar un nuevo código procesal civil. En lo penal, Enrique Ghersi propone fusionar la investigación preliminar con la preparatoria en un máximo de 18 meses y eliminar la llamada etapa intermedia.
La justicia penal no funciona, no castiga. La mayor parte de los detenidos son liberados y de los que son procesados, solo el 12% recibe pena privativa de la libertad. Reina la impunidad.
Se necesita implementar unidades de flagrancia en todo el país que sentencian en 72 horas en lugar de 21 meses, pero se requerirá construir penales para delitos menores, a fin de sentenciar a penas de semanas o meses. Si no, es lo mismo que nada.
Pero, así como hay impunidad, hay también abuso judicial.
La politización ha llevado a encarcelar a líderes políticos por hechos que no eran delito, una forma de persecución política que aún no cesa.
Se abusa de las prisiones preventivas y se ha perdido la oralidad.
Una prisión preventiva, que debería decidirse en una audiencia de pocas horas, escuchando a las partes, toma meses con largos escritos que parecen tesis.
Dicho sea de paso, la OCDE recomienda empoderar al Ministerio de Justicia para impulsar la reforma del sistema de justicia, y activar el Consejo para la reforma del Sistema Judicial. Es hora de tomar en serio la construcción de un sistema de justicia que brinde justicia a los ciudadanos. Lampadia
