Alejandro Deustua
25 de marzo de 2019
Para Lampadia
En estos días tendencias encontradas golpean o alivian la estabilidad del sistema internacional. Así,
el ataque terrorista del ISIS en Moscú (que tiende a escalar el conflicto con Ucrania, aunque ésta no haya tenido participación en el salvaje atentado)
y la creciente ofensiva china contra Filipinas en la disputa marítima bilateral (que ha merecido una advertencia norteamericana a la potencia asiática) se han sumado a las fuerzas desestabilizadoras.
De otro lado, una Resolución el Consejo de Seguridad reclamando un cese de fuego inmediato y temporal que permita la liberación de rehenes por el grupo terrorista Hamás y el acceso de asistencia humanitaria a Gaza tiende a aliviar la hecatombe en el área.
Mientras tanto, el Caribe, vital para América, está siendo consumido por huracanes de anarquía y desmanejo gubernamental.
En efecto, en Haití la carencia de autoridad se refleja en crimen generalizado y masiva fuga ciudadana de la capital.
Y en Venezuela un dictador reestrena su disfraz electorero impidiendo la inscripción de la candidatura opositora que lo despojaría del poder.
Mientras tanto, en Cuba la crisis económica y de servicios básicos apunta a un estallido social que pondrá nuevamente en jaque al gobierno comunista.
De esta manera, la “llave” de la cuenca caribeña (Cuba), la mitad de la vecina isla La Española y la más relevante costa del norte suramericano en el área (la venezolana) están seriamente comprometidas en problemas de subsistencia estatal. Ello evidencia un serio vacío de poder en una zona clave para la seguridad de Centroamérica, de fuerte proyección hemisférica e importante influencia en el transporte marítimo global.
En ese escenario, Cuba, donde se han confrontado intereses vitales norteamericanos y soviéticos y que hoy convoca, de manera disminuida, a los Estados Unidos, Rusia y China, es el país caribeño de mayor arrastre sistémico.
La peor crisis económica desde el derrumbe de su base de sustentación (la URSS) y del consecuente “momento de transición” se refleja esencialmente en una crisis alimentaria y otra energética. La primera ha llevado al gobierno de Díaz Canel a solicitar la asistencia de la FAO para proveer de alimentos a la población.
Ese punto de inflexión del “paraíso comunista” es acompañado de una estruendosa carencia de energía eléctrica que, según reportes, deja al 40% de la población cotidianamente a oscuras hundiendo, de manera correspondiente, a la endeble capacidad productiva del país.
La causa reciente de la crisis alimentaria se encuentra en el derrumbe de la producción agrícola. Ésta ha registrado la peor cosecha de azúcar en décadas (una problemática endémica para los gobiernos castristas que, esta vez, ha escapado a todo control) además de un récord de importación de alimentos que incrementa los precios. El estruendoso fracaso estatal en la buena administración del sector no ha sido mejorado por los pequeños propietarios que carecen de capital de trabajo, ni por la reciente autorización a la inversión extranjera en terrenos agrícolas limitada sólo a proyectos de energía renovable.
La inflación consecuente ha sido alimentada también por las importaciones de bienes de consumo por pequeñas y medianas empresas (hasta 100 empleados) cuya demanda es sostenida esencialmente por aquellos que cuentan con divisas provenientes de remesas. Aunque éstas se han duplicado desde el 2000 no parecen suficientes para cubrir la fuerte caída de los ingresos del turismo que no se ha recuperado adecuadamente después de la pandemia.
De otro lado, al unificarse el tipo de cambio a una tasa fija establecida por el gobierno, se ha generado en Cuba un mercado negro de divisas que opera con tasas inmensamente superiores a la tasa oficial. Ello también ha contribuido a la inflación (40% plus en 2023).
Al impulso de la misma ha contribuido sustancialmente el incremento de los precios de los combustibles que explican parcialmente la crisis energética. Gracias al vínculo especial entre Venezuela y Cuba (el programa venezolano PETROCARIBE), aquélla exportó a la isla petróleo a precios preferenciales y con grandes facilidades financieras. Esas importaciones dominaron el mercado generando extraordinaria dependencia. De ella no pudo escapar Cuba cuando PDVESA (“exuberantemente” gerenciada) redujo las exportaciones a la mitad con el consecuente incremento de precios en Cuba. La carencia de combustibles y derivados impactó la generación de energía eléctrica (Cuba sólo dispone de energía termoeléctrica) con las consecuencias señaladas.
En ese contexto el gasto público se incrementó también hasta registrar un déficit fiscal de alrededor de 18%/19% del PBI que no puede dar cuenta de mejoras de infraestructura (ni de la adecuada reposición de la refinería principal de Matanzas luego del incendio de 2022), de adecuadas provisiones sociales ni de crecimiento económico suficiente (que se contrajo entre -1% y -2% en 2023 según Granma).
La tensión social consecuente se ha reflejado en un fuerte incremento migratorio (el mayor desde 1959 según The Economist) y en intensísimo malestar ciudadano. Si su multitudinaria expresión fue fuertemente reprimida en 2021, el costo de una repetición hoy sería mucho mayor. El gobierno cubano debe decidir entonces si reprime o realiza las reformas necesarias.
La primera opción llevará al endurecimiento de la dictadura, cuyo régimen, sin embargo, perdería sustentación. Y si las reformas no son suficientemente transformadoras, sólo se postergará el problema con graves consecuencias para la “lealtad” ciudadana que exige el PC y para su política de cambios dentro del socialismo como reclama Díaz Canel.
Lampadia
