Por Alejandro Deustua
23 de agosto de 2023
Para Lampadia
En apariencia, la gran asimetría de los problemas económicos y de seguridad en Ecuador y Argentina complica la comparación entre los procesos electorales de esos dos países. Pero la yuxtaposición de los mismos, traducidos en conflictividad social, define buena parte de la inestabilidad política que impacta las elecciones en ambos.
Veamos. Si, de manera superficial se compara la tasa de homicidios en esas dos naciones, se puede empezar a observar el fenómeno del desorden ciudadano en ellas. En lo que va del 2023, ésta ha aumentado en Ecuador en 53% (EP). Esa estadística multiplica la sensación colectiva de inseguridad. Especialmente, con el asesinato del candidato Francisco Villavicencio.
Concentrada como está la incidencia de delitos contra las personas y sus bienes en los mayores centros de producción y comercio (Quito y Guayaquil que suman casi 50% de las ocurrencias) su impacto económico y social agrava aún más la sensación de inseguridad general.
Tal fenomenología, sin embargo, no se ha reflejado en el resultado de las elecciones del domingo pasado. En efecto, los votantes negaron el triunfo a los candidatos más preocupados por la incidencia de la delincuencia (Christian Zurita y Jan Boric). En su lugar acudirán al ballotage de octubre la representante correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa de convicción y tradición familiar conservadora. La convicción ideológica o la simpatía política prevalecieron en el Ecuador.
Además, la subordinación de la inseguridad como factor electoral determinante parece consistente con mediciones externas de la “situación de paz” en Ecuador.
En efecto, el índice Global del Institute of Economics and Peace destaca que Ecuador ha caído 24 puestos debido al incremento del crimen violento, del crimen organizado y de los homicidios subsecuentes (puede llegar a 26 por 100 mil habitantes -Gobierno de Ecuador-). Pero no ubica a Ecuador entre los peores de Suramérica ni del mundo: le corresponde el puesto 97 entre 163 países.
Más aún, los vecinos de Ecuador se encuentran en peor situación: Perú en el puesto 103 y Colombia en el 140. Ello indica que, a pesar de que en Ecuador la violencia derivada del arraigo de organizaciones ligadas al narcotráfico se ha intensificado notablemente, éste no tiene aún la peligrosidad que marca a los países mencionados, en tanto país exportador que no produce coca.
Al respecto, debe considerarse que, antes que a impulsos inerciales, la potenciación de esas agrupaciones se debió, en buena cuenta, al traslado de las narco-organizaciones afectadas por el proceso de paz con la narco-guerilla en Colombia que buscaron un país cercano, menos vigilado y con buenos puertos para exportar (el “efecto globo”).
A ello ha contribuido la pérdida de orden interno en Ecuador derivado de la erosión institucional gestada entre fines del siglo XX y principios del XXI. Desde Bucaram (1996) hasta la primera presidencia de Rafel Correa (2007) han ejercido siete presidentes minando la autoridad del Ejecutivo. Y la destrucción de los partidos políticos fue paralela a la emergencia de movimientos sociales operativos en las calles (la CONAIE, p.e.) que contribuyeron a la erosión del Legislativo. Luego, al influjo del bolivariano Rafael Correa, ésta se consolidó mientras el Poder Judicial perdió legitimidad e independencia.
Aunque los problemas de seguridad no menguan en Argentina, la tasa de homicidios en 2022 (4.2 por 100 mil habitantes -SNIC-) fue mucho menor que en Ecuador y su posición en el mencionado Índice de Paz (54) sólo es mejorada, en el Cono Sur, por la de Uruguay (50) ubicándose por encima de Chile (58), Paraguay (68) y Brasil (132). El país también se sitúa en mucho mejor posición que Ecuador y Perú en ese Índice. Si ello es correcto, la seguridad debería tener una menor incidencia electoral que en el Ecuador en la segunda vuelta de octubre próximo.
En materia económica veamos la crisis económica y su relación con la dolarización que lleva más de dos décadas de arraigo estabilizador en Ecuador y que ahora se discute estelarmente en Argentina. En medio de una de las peores crisis del sector, Ecuador encontró en la dolarización (Mahuad, 2000) una tabla de salvación. De duros efectos iniciales, la dolarización ecuatoriana brindó un piso al país al punto de que la gran mayoría de ecuatorianos no desea “tocarla” hoy tras comprobar, en medio de los grandes problemas sociales actuales, que ésta ha contribuido a generar, además de estabilidad económica, incremento del poder adquisitivo y una cierta confianza donde ésta se había esfumado.
En un contexto inflacionario, hoy Ecuador proyecta un incremento de precios de apenas 2.07% (por debajo del promedio regional) con un crecimiento del PBI de 2.6% (BM). Sin embargo, está lejos aún del bienestar general (el empleo informal llega a casi 75%) mientras los bonos del tesoro tienen un alto riesgo debido a la desconfianza de los inversionistas frente a la inestabilidad política, el shock ambiental y el deterioro externo que complica el manejo de la dolarización.
A ese mecanismo sólo se accede in extremis a cambio de la rendición de la política monetaria (implicando una alta exposición a choques externos sin capacidad de contención suficiente) y de intensos y fluidos ingresos de divisas por exportaciones, remesas o financiamiento (que no siempre son estables). Por lo demás, el costo de salida es altísimo.
Por ello Mahuad subraya que para dolarizar se requiere solvencia técnica, aceptación social y un fuerte acuerdo político. Argentina tiene técnicos (los de Milei), pero aún no cuenta con la aceptación social y el acuerdo político. Si, en cualquier caso, ese acuerdo será difícil de lograr sólo quedaría la alternativa autoritaria para imponerlo justo cuando potencias medias (los BRICS) buscan incrementalmente alternativas al dólar como moneda de referencia.
De otro lado, Argentina tiene un acuerdo con el FMI sobre metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. Éste requiere de un banco central eficiente y limpio que el señor Milei desea eliminar en vez de reordenarlo.
Al respecto debe recordarse que Argentina ya probó con una variante leve de la dolarización: la “convertibilidad” (1991, la paridad de un dólar por peso posterior a los 10 miles australes por dólar). Ésta no sólo no eliminó la moneda nacional sino que derivó en caos luego de que un éxito inicial fuera seguido por contracción de exportaciones, fuga de capitales, vacilaciones del financiamiento externo, el “corralito” e inmensa desconfianza interna y externa que concluyó con la crisis de la deuda, la famosa “quita” del 70% y la salida del FMI de Argentina.
Mientras tanto, el planteamiento quizás ya genera incertidumbre en los socios de Argentina (especialmente el MERCOSUR y la Unión Europea). Más aún cuando la contracción económica argentina se proyecta en -3% este año y la sequía causa estragos en las exportaciones agrícolas recortando ingresos para sostener una dolarización sólo atraída por la amenaza inflacionaria (este año podría llegar al 145% -BBVA-). Las “facilidades” con que contó Mahuad para imponer la dolarización en Ecuador no parecen darse plenamente en Argentina. Lampadia
