Quitarle el monopolio a las economías ilegales
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es muy importante el proyecto de ley que busca restablecer el financiamiento privado, anunciado por el congresista Alejandro Muñante, y más aún si viene seguido de la reforma constitucional para impedir la postulación de quienes hayan cometido delitos graves, incluyendo el de corrupción.
Como sabemos, a partir del 2017 nuestra legislación prohibió que personas jurídicas con fines de lucro -empresas formales- pudieran financiar a partidos políticos. Fue una reacción al escándalo Odebrecht.
Como siempre, pasamos de un extremo al otro, regalándole la cancha del financiamiento de campañas electorales a las economías ilegales.
Pero el fenómeno fue más complejo porque a la prohibición legal se sumó la persecución judicial a los empresarios que habían donado a diversas campañas, sobre todo a las de Keiko Fujimori, pese a que las donaciones de campaña no eran delito.
Lo que tuvimos, en suma, fue la expulsión del empresariado de la política. A la mala.
Esto, por supuesto, es nocivo para el país y para la democracia, porque se requiere que el empresariado nacional asuma su condición de clase dirigente y se comprometa con el desarrollo del país, no para defender intereses particulares o mercantilistas, sino para defender las líneas centrales del capítulo económico de la Constitución, que se pueden resumir en las ideas de la libertad económica, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada como base del crecimiento, fuente a su vez de los ingresos fiscales que deberían llevar a servicios públicos eficientes para todos los peruanos.
Cuando el empresariado logró hacerlo de manera consciente, asumiendo su papel de clase dirigente, en la campaña de medios del 2009 al 2011 orientada a explicar las bondades de la economía de mercado, fue castigada con las absurdas acusaciones de los fiscales Lavajato, que llegaron al extremo de acusar al ex presidente de la CONFIEP Ricardo Briceño por algo inexistente. Eso ha sido un abuso que aún no se repara.
El Perú tiene que recuperar al empresariado para la discusión y la política nacional. Y los empresarios tienen que reconectarse. En realidad, desde que tenemos, con esta Constitución, una economía abierta basada en la libre competencia, sin privilegios mercantilistas o rentistas, los empresarios solo pueden crecer si la población mejora. En una economía de mercado nadie puede enriquecerse si todos no se enriquecen. Las empresas venden más si los compradores tienen más ingresos.
Por eso, los empresarios están naturalmente interesados en el bienestar y el progreso de todos. Pero para asegurar ese interés deben tener como canalizarlo políticamente, no solo para promover las ideas de la prosperidad sino incluso para fiscalizar que los impuestos que pagan se usen bien en servicios que realmente funcionen. Una forma es aportando a los partidos políticos. Y no solo para las campañas electorales. En general, para el funcionamiento y las tareas de formación y capacitación a nuevos líderes, fuera del calendario electoral.
Pero quizá la razón más importante para apoyar este proyecto es que es la manera de quitarle el monopolio de la financiación política a las economías ilegales, que han avanzado mucho en los últimos años y han penetrado las instituciones. Necesitamos el mayor involucramiento posible del sector formal de la economía en el financiamiento de los partidos. Por eso el proyecto de ley mencionado habilita donaciones de empresas hasta por 200 UIT al año y hasta 500 UIT si se aporta a varios partidos.
Claro, existe la preocupación de que el aporte a un partido pueda ser visto como una compra adelantada de favorecimientos si ese partido llega al poder. Pero por eso la ley establece que todo aporte debe ser transparente, de modo que se los reflectores de la opinión pública puedan vigilar si luego se produce tal favorecimiento, si la empresa gana alguna licitación fuera de los procedimientos objetivos.
El proyecto va más allá aun y crea la fórmula de una cuenta en el Banco de la Nación en la que las empresas puedan aportar indicando a qué partido o partidos se destinaría el aporte, sin que los partidos sepan qué empresa fue la donante.
Esa información, sin embargo, sí iría a la ONPE, de modo que las empresas quedan legalmente protegidas ante cualquier intento de persecución judicial posterior. Es una manera de que recuperen confianza en la posibilidad de donar a partidos políticos.
El proyecto sería completo si incluyera un mecanismo adicional: think tanks por impuestos.
Es decir, que las empresas puedan destinar parte del impuesto a la renta que pagan a financiar think tanks o centros de pensamiento o estudios en los partidos políticos, para convertirlos en instituciones serias con capacidad de análisis y de formulación de políticas públicas para que, de paso, puedan atraer a sus filas a personas competentes con vocación de servicio público.
Una manera clara de mejorar la calidad de la política y de la democracia en el Perú. Lampadia
