Alejandra Benavides
Para Lampadia
En octubre de 2019, Bolivia llevó a cabo un proceso electoral, que fue empañado por irregularidades, que se esclarecieron luego de una auditoría realizada por la OEA. Debido a la presión popular, fue el mismo Evo Morales quien solicitó esa auditoría, y tras publicarse el informe preliminar de la OEA sobre las distintas formas de manipulación electoral, Morales decidió convocar a nuevas elecciones y renovar a todo el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 20 de octubre de 2019, la OEA emitió el informe final “Análisis de Integridad Electoral”, sobre los comicios en Bolivia. Ahí se describe a detalle las irregularidades encontradas durante y posterior a los comicios, a través del análisis de una muestra de casi 5,000 actas. Sólo a raíz de esa auditoría es que se pudo llegar a la verdad – a pesar de que finalmente en las nuevas elecciones convocadas, el tinterillo de Evo Morales, Luis Arce, salió elegido Presidente. En la primera parte del Resumen Ejecutivo de la OEA resalta lo siguiente:
“Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas. En un ejercicio que buscó analizar posibles adulteraciones o manipulaciones se revisó una muestra de 4692 actas. En este análisis se identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación, fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91% (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al Socialismo (MAS).
Se detectó la inclusión de inhabilitados en la lista de electores para consulta de actas de mesas. Es decir, la base de datos del Cómputo Oficial contenía tanto la lista de habilitados como inhabilitados.
Se registraron al menos 37 actas del voto en el exterior que presentaban inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número distinto de votos que el total de votantes en las listas índice.”
Además, dentro de sus Conclusiones sostienen:
“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.”
Podríamos estar hablando de Perú, si es que no supiéramos que se trata de Bolivia. Y por eso es imprescindible una auditoría independiente. No sólo por la cantidad de evidencia sobre la intencionalidad de Perú Libre para aprovecharse del sistema a través de acaparamiento de mesas, sustitución de identidad, impugnaciones infundadas, entre otros, sino porque dos tercios del país cree que hay indicios de fraude. Esta falta de credibilidad en el proceso (y en el resultado) es razón suficiente para que el Presidente Sagasti pida una auditoría, y deje su cargo el 28 de julio como un real demócrata que sentará el camino para una reconciliación entre peruanos. Esperemos que no desperdicie esta oportunidad. Lampadia
Referencias
