Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hay personas no que no votarían por Sánchez por el peligro evidente que representa pero que tampoco votarían por Keiko Fujimori, como si fuera una amenaza del mismo nivel.
Comparten la narrativa muy difundida de que Keiko Fujimori viene gobernando a través del congreso y que ya tiene demasiado poder porque controla las instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y hasta los organismos electorales. Entonces darle además el Poder Ejecutivo sería algo así como darle el poder absoluto.
Se llega a decir que diseñó la bicameralidad para seguir gobernando -por si pierde la elección- desde un Congreso bicameral más fuerte porque tiene un Senado súper poderoso.
Es cierto que se ha producido un cambio en la orientación de algunas instituciones luego de que, por años, la mayor parte de ellas estuviera controlada por la izquierda progresista o “caviar”.
El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tenía una mayoría de cuatro magistrados de esa orientación. Llegó a validar la disolución del congreso por negación “fáctica” de la confianza.
El Defensor del Pueblo también pertenecía a ese grupo.
Y, por supuesto, en el Ministerio Público
Y parcialmente en el Poder Judicial ocurría lo mismo.
El caso extremo fue el del equipo Lavajato, que llegó a desatar una persecución política contra Keiko Fujimori y otros líderes políticos criminalizando las donaciones de campaña que no eran delito, y provocó el suicidio de Alan García.
Por supuesto, el Ministerio Público, al convertirse en un instrumento de persecución, pasó a ser un objeto de disputa política.
Controlarlo se convirtió en un objetivo. No obstante, el archivamiento del caso Cocteles y la desactivación del equipo Lavajato ha pacificado la política en este extremo.
El hecho es que la persecución política -y en algunos casos, es verdad, la búsqueda de impunidad ante investigaciones penales legítimas- generaron una mayoría “anti-caviar” en el Congreso que designó una nueva mayoría en el Tribunal Constitucional y un Defensor del Pueblo vinculado a Perú Libre. Las otras instituciones no dependen del Congreso.
Aquí lo que hay que decir es que es perfectamente natural y democrático que la designación de autoridades por un poder elegido como es el Congreso refleje la mayoría del momento.
Ocurrió con el Tribunal Constitucional anterior.
Es lo que ocurre con la Corte Suprema en Estados Unidos, por ejemplo. Ocurre en todas las democracias.
Llamarle a eso “dictadura” del Congreso es absurdo, puro discurso político. Sí es cierto que el Congreso cometió algunos abusos, como la inhabilitación de Zoraida Avalos. La mayor parte de las llamadas leyes “procrimen”, en cambio, reparaban extremos que posibilitaban abusos judiciales. La única ley procrimen ha sido la que extendió el Reinfo. Por el contrario, el Congreso también aprobó varias leyes directamente anti-crimen, como la que devuelve la investigación preliminar a la policía, dando cuenta al fiscal.
De otro lado, la Junta Nacional de Justicia no es designada por el Congreso sino por una comisión especial en la que están el Defensor del Pueblo, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido por los rectores de las universidades públicas y uno elegido por los rectores de las universidades privadas.
Entonces es ridículo sostener que Keiko Fujimori controla las instituciones. Ella más bien fue víctima de una justicia politizada. Su bancada en el Congreso tiene solo 21 congresistas de un total de 130. Es cierto que es la bancada más organizada y disciplinada. Pero eso es un activo institucional en un congreso de bancadas caleidoscópicas y desorganizadas.
En realidad, ella ha hecho aportes concretos a la democracia peruana. A diferencia de su padre, ella con gran esfuerzo, formó un partido político en circunstancias en que los partidos políticos desaparecían o se desintegraban e impulsó la reforma de la bicameralidad, que fortalece los controles horizontales de la democracia y mejora la calidad de las leyes.
Y aquí viene la última parte de la narrativa: que lo hizo para gobernar desde un Congreso bicameral más fuerte que el anterior gracias a un Senado superpoderoso. Pero esto es un error.
Un congreso bicameral es por definición menos poderoso que uno unicameral, porque el poder no se multiplica por dos, se divide por dos.
Una cámara controla a la otra.
Es mucho más difícil, por ejemplo, aprobar una vacancia presidencial porque tiene que serlo por ambas cámaras.
El Senado tiene poder con relación a la Cámara de Diputados, porque puede modificar un proyecto de ley remitido por diputados y enviarlo al Ejecutivo sin que regrese para conciliación con la cámara baja.
Pero el Congreso como tal tiene las mismas funciones que el anterior y menos poder frente al Ejecutivo que el fenecido congreso unicameral.
La imagen de un congreso dominante se generó a raíz del intento de golpe de Castillo y su vacancia, que dejó el gobierno en manos de Dina Boluarte, que sencillamente no tenía bancada propia y dependía del Congreso. Quienes le dieron mayoría lo hicieron hasta que el costo político de sostenerla fue demasiado alto. El sucesor ya fue designado directamente por el Congreso configurándose un neoparlamentarismo clandestino y patrimonialista absolutamente inestable.
Entonces dejemos de lado las leyendas urbanas que desinforman las creencias de muchos electores. Ambos contendores no representan amenazas equivalentes.
No cabe el voto en blanco. Es muy riesgoso.
Lampadia
