Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es vergonzosa la actitud de Delia Espinoza de declararse en rebeldía frente a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula el proceso de destitución a Patricia Benavides debido a vicios procesales y dispone que vuelva a ser investigada y mientras tanto sea repuesta en su cargo de Fiscal de la Nación.
Si Espinoza considera que la decisión de la Junta es improcedente o inconstitucional, podría presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto lo que no puede hacer ella es desacatarla.
Eso rompe el estado de derecho. Está cometiendo los delitos de desacato, violencia y resistencia a la autoridad y quizá usurpación de funciones. Podría incluso ser destituida por ello.
Al desacatar esa resolución, quien está dando un golpe de estado contra la democracia es ella, porque está incumpliendo una resolución de la autoridad constitucional competente. Algo que un fiscal, encargado precisamente de hacer aplicar la ley, con mayor razón no puede hacer. Las autoridades del sistema judicial tienen que dar el ejemplo. De lo contrario, se está avalando la desobediencia general de la población ante la ley y la autoridad. Es decir, la anarquía, el caos.
Es inconcebible. Lo que esto refleja es algo que hemos señalado tantas veces: la politización de la justicia, su utilización para perseguir a enemigos políticos. Evidentemente, si el Ministerio Público se convierte en un instrumento de poder político, se desata la guerra por su control. Y eso es lo que está ocurriendo. El retorno de Patricia Benavides es casi simbólico porque solo estaría pocos días, pero siembra la sensación en el sector que tiene el control del ministerio público que su poder tambalea o puede ser efímero. Y perder el poder en una guerra de esta naturaleza puede equivaler a perderlo todo. De allí la propensión instintiva a aferrarse.
Como hemos señalado hasta el cansancio, esto comenzó con la criminalización de las donaciones de campaña -que no eran delito-, por parte de los fiscales del equipo Lavajato y los jueces respectivos, que llevó al extremo cruel de las prisiones preventivas que destruyeron la credibilidad de parte importante de la clase política, facilitando la elección de Pedro Castillo y la degradación general que desde entonces estamos experimentando.
La influencia del IDL en todo esto fue notoria. Se formó una corriente persecutoria que convergió con el populismo político de Vizcarra que, movilizando el antifujimorismo prevaleciente, llegó al extremo de cerrar el congreso.
Cuando en el congreso actual, como reacción, y también buscando impunidad en algunos casos, se formó una mayoría “anticaviar”, las cosas cambiaron y se desató la guerra.
Entre otras cosas, se nombró una JNJ de signo contrario a la anterior.
Como parte de esa guerra, todavía con la Junta anterior, Patricia Benavides, que no formaba parte del grupo que dominaba el Ministerio Público y estaba en guerra interna con otros supremos, fue objeto de una denuncia fabricada en poco tiempo por el Eficcop (la operación Valquiria) en la que se la acusó de intercambiar favores con congresistas para inhabilitar a Zoraida Avalos, lo que derivó en una suspensión inmediata casi sin posibilidad de defensa y luego en una destitución -por haber separado Betsabé Revilla que investigaba a su hermana- con vicios procesales.
Ha sido repuesta por esa razón, pero esto tampoco significa que sea inocente. Va a ser investigada de nuevo.
Mientras tanto los procesos y fiscales politizados continúan en el ministerio público. No solo los casos de donaciones.
El Eficcop, como decíamos, también fue instrumentalizado para buscar acaso la vacancia de Dina Boluarte, con filtraciones y actuaciones que parecían operativos mediáticos, desbordando claramente el espíritu del artículo 117 de la Constitución.
Lo que se requiere es una limpieza, un cambio total en esa institución.
Lampadia
