Jaime de Althaus
Para Lampadia
Culminó el proceso contra la Junta Nacional de Justicia con la inhabilitación de dos de sus miembros. Ese desenlace debería servir para poner punto final a la guerra de retaliaciones, aunque para terminar de pacificar la política y diluir la polarización todavía quedaría pendiente el sobreseimiento de los procesos por donaciones de campaña, que no eran delito y constituyeron una forma de persecución política.
El Congreso debiera ahora enrumbarse por la ruta que abrió con la aprobación de la bicameralidad y la reelección. Es decir, pasar a una agenda de reformas políticas, judiciales y económicas.
La bicameralidad sirve para mejorar la calidad de las leyes, porque vamos a tener una cámara revisora -el Senado- de las leyes que apruebe la cámara de diputados. Además, en la medida en que ahora los candidatos presidenciales podrán postular al Congreso, tendremos a los lideres de los partidos no fuera sino dentro del Congreso, mejorando la disciplina de las bancadas y elevando la capacidad de la clase política de llegar a acuerdos. Todo eso redundará también en mejores leyes.
El restablecimiento de la reelección, por su parte, ayudará a mejorar progresivamente la calidad de la representación al reelegir a los mejores.
Pero ese efecto será paulatino y tomará tiempo. Mientras tanto, nuestro congreso debería aprobar leyes para que ciudadanos destacados e íntegros se animen a participar en política.
Lo primero, en tal sentido, debería ser aprobar una reforma constitucional para impedir la postulación de aquellos que hayan cometido delitos graves, incluyendo los de corrupción, y aunque ya hayan cumplido su sentencia. El proyecto correspondiente ya está en la agenda del pleno hace meses, pero está en “cuarto intermedio” porque no se ponen de acuerdo en torno a qué delitos incluir. El texto actual establece los siguiente:
«Artículo 34-A. …
En el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión dolosa de los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional; el impedimento resulta aplicable hasta diez años después de haber sido rehabilitadas.
A nuestro juicio ese texto es óptimo y debería ser aprobado tal cual. Esperemos que esto se haga en la presente legislatura, antes de que se pase la oportunidad.
Y deberíamos aprovechar esta reforma constitucional para rectificar algunas de las fallas señaladas por Natale Amprimo en la reforma de la bicameralidad. En particular la relativa a la necesidad de fijar un número mínimo de senadores elegido en distrito único nacional, que debería ser 35. De lo contrario el Senado sería una cámara de diputados doble.
También deberíamos elegir a los diputados en distritos electorales uni o binominales, siguiendo el criterio señalado por Carlos Meléndez de establecer circunscripciones que representen microrregiones económicas. Esto permitirá reconectar al Congreso con la población, enraizando la democracia. Y permitirá al ciudadano elegir mejor, porque tendrá que optar entre un número mucho más pequeño de candidatos. Por esta vía mejoramos también, de paso, la calidad de la representación.
Adicionalmente necesitamos permitir el financiamiento transparente de las campañas electorales por empresas formales, a fin de quitarle el monopolio a las economías ilegales y promover que el empresariado se reconecte con la política y con el desarrollo nacional. Eso mejorará también la calidad de la política, más aún si autorizamos la posibilidad de que las empresas destinen parte del impuesto a la renta que pagan a financiar centros de investigación partidarios, según propuesta también de Carlos Meléndez. Eso elevaría la capacidad de los partidos de estudiar la realidad y formular políticas y programas de desarrollo, atrayendo también a personas con vocación de servicio.
Pero hay una tarea previa: evitar en lo posible la proliferación de candidaturas para el 2026. O modificamos la ley que eliminó las PASO estableciendo una valla efectiva, o damos una ley para fomentar las alianzas electorales, como sugiere Martín Tanaka.
El Congreso debería concentrarse en este tipo de discusiones. Es hora de centrarse en la mejora de la institucionalidad política, judicial y económica. El futuro del país está en juego. Lampadia
