Hace un mes tratamos de sustentar que la estructura jurídica que regula las acciones de los gobernadores de las regiones y alcaldes, en sus distintos niveles, son una puerta abierta a la corrupción.
A dichas autoridades se les ha otorgado poderes absolutos, sin ‘checks and balances’, y muchos de ellos pueden ‘cosechar’ grandes beneficios indebidos, protegidos por niveles de impunidad que hacen que los costos de la corrupción sean muy bajos.
Increíblemente, nadie parece reaccionar a esta situación y plantear una urgente reforma de las normas de la regionalización que originaron este descontrol y un ambiente que invita a los peores elementos de la sociedad, a tomar los cargos públicos en la regiones. Esto, en un país de grandes debilidades institucionales y partidos políticos sin presencia nacional.
Esperamos que la siguiente imagen de Perú21, ayude a generar reacciones adecuadas: “Hay 13 gobernadores implicados en corrupción, nueve ya han sido sentenciados, mientras que los cuatro restantes afrontan investigaciones”. (Nota de Álvaro Reyes, 10 de abril, 2017).
Prácticamente la mitad de gobernadores regionales están involucrados en actos de corrupción. Creemos que hay que decir basta. Reforma, ¡Ahora!
Hay sin embargo dos ejemplos de muy buenas gestiones, las de los Gobernadores de Piura e Ica, Reynaldo Hilbck y Fernando Cillóniz respectivamente. Ver por ejemplo, artículos de Cillóniz: Mi confesión sincera y PBI y Corrupción.
A continuación republicamos nuestro análisis sobre las fallas estructurales de nuestras normas:
Patente de corso para la corrupción (Editado)
En el Perú, la gran mayoría de nuestras instituciones públicas, no responden a los siguientes principios de las democracias modernas que además, evitan la corrupción:
- Las democracias modernas se basan en el balance de poderes
- La buena justicia ofrece el derecho a la doble instancia
- La distribución del poder debe reflejar la representación popular
- La rendición de cuentas es indispensable para el autocontrol y el control
- En democracia nadie debe tener poder discrecional absoluto
Estamos hablando de los municipios y gobiernos regionales, más de 1,800 instituciones, las más cercanas a la población, que adolecen de fallas estructurales que generan espacios abiertos para la corrupción.
“En arca abierta, el justo peca”, reza un antiguo proverbio. En alcaldías y gobiernos regionales están dadas las condiciones para que alcaldes y gobernadores abusen del poder y/o lo usen en provecho propio.
En el Perú, los gobiernos locales y regionales, son arcas abiertas en las que los alcaldes y gobernadores gozan de un poder sin contrapesos, tienen capacidad discrecional absoluta, sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia y no rindes cuentas de su gestión. Pero aún, dizque que para darles capacidad de gobierno, se estableció que los alcaldes que ganen las elecciones, así lo hagan con minorías poco representativas, debían tener la mayoría de regidores.
En esencia, estos funcionarios públicos se constituyen en pequeños dictadores de sus comarcas, donde pueden hacer, literalmente, lo que les de la gana, incluso gobernar en contra de los intereses y opiniones de sus electores, y por supuesto, con todas las facilidades para instalar o caer en las garras de la corrupción.
Corregir todo esto no es fácil. Implica una reforma profunda. Por ejemplo, para establecer la segunda instancia sobre las decisiones de los alcaldes distritales, seguramente habría que pensar en los alcaldes provinciales. En el caso de los alcaldes provinciales, ¿tendríamos que pensar en los gobernadores regionales? Y en el caso de estos, ¿quién podría hacerlo?
Para corregir el control de un municipio por parte de una minoría, dado el hecho de que el alcalde tenga la mayor votación, incluso si es minoritaria, ¿habría que tener un cuerpo de regidores mixto? ¿Una mayoría de regidores elegidos por voto popular, con cifra repartidora, complementados por regidores que representen a la sociedad civil, desde los gremios, la academia, autoridades o ciudadanos eméritos?
Mucho en que pensar. Mucho que debatir. Pero lo que no podemos hacer es mantener espacios de poder donde se ejerza la autoridad sin balances, límites, instancias superiores y capacidad discrecional absoluta. No podemos tener espacios de gobierno donde incluso los mejores ciudadanos terminen malográndose.
La democracia se construye desde abajo, y los municipios y gubernaturas son la base del desarrollo de la vida cívica del país. Debemos tener diseños institucionales de mucha mejor calidad. ¿Ponemos estos temas en las agendas de reformas?
¿Nos harán caso esta vez? Lampadia
