Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una cosa es adelantar las elecciones de manera ordenada y otra es hacerlo de manera inmediata, como piden los ultras. Si queremos que el gobierno que salga del nuevo proceso tenga un mínimo de legitimidad, capacidad y gobernabilidad, tenemos que hacer las cosas bien.
Eso implica respetar los plazos y pasos establecidos en la ley que garantizan la idoneidad de los resultados, que haya un tiempo mínimo para aprobar algunas reformas políticas y electorales fundamentales, y para que algunos partidos que están en proceso de inscripción lo puedan culminar. Los organismos electorales están planteando un cronograma de 13 meses a partir del cierre del padrón electoral, pero antes habría que haber aprobado la modificación constitucional para adelantar las elecciones en dos legislaturas. En el mejor de los casos estamos hablando de elecciones en febrero o marzo del 2024.
El pedido de elecciones inmediatas obedece a un desconocimiento de los plazos y procesos, pero también a una demanda más compleja que incluye el rechazo completo al sistema democrático formal, liberal y representativo y la búsqueda de un caudillo autoritario que resuelva todos los problemas y que si puede imponer una asamblea constituyente que le ayude a concentrar el poder, mejor aún.
Lo que quieren, en el fondo, es que no haya congreso. Eso es lo que contenía implícitamente el “que se vayan todos”, alentado irresponsablemente por opinólogos y politólogos supuestamente serios.
Hay mucho de pensamiento mágico aquí. Muchos de los que piden a gritos el cierre del congreso y elecciones inmediatas seguramente piensan que de realizarse producirán por ensalmo un grupo de iluminados redentores del país, de la misma manera como se propone la asamblea constituyente como un talismán que resolverá milagrosamente todos los problemas del país.
Pero es obvio que unas elecciones precipitadas probablemente generarán un congreso similar al actual o a los anteriores. O peor, si cabe. ¿Para volver a pedir el cierre del congreso? Y así eternamente, entregando la democracia peruana a Sísifo, como diría Mirko Lauer.
Aquí está pendiente una tarea de explicación del papel de un Congreso en una democracia representativa. Por supuesto que el congreso actual y en mayor medida aun el anterior -el transitorio- han dado muchas razones para la crítica y la condena. Parte de la reforma tiene que ver precisamente con la manera de mejorar la representación. Para comenzar, eliminar la prohibición de la reelección.
Necesitamos una clase política profesional, aunque la sola idea de políticos profesionales genere un rechazo visceral. Es que la política ha ido alejando a los buenos y atrayendo a los pillos. Se requiere diseñar partidos que atraigan a los mejores. Y distritos electorales más pequeños que conecten a los ciudadanos con sus representantes.
Un congreso es lo contrario de una mano fuerte, única y decidida que tome decisiones y resuelva. Por definición es deliberante -lo que en un extremo puede convertirse en obstruccionista- y no ejecutivo, precisamente. Pero se trata de contrapesar el poder del Ejecutivo sin obstruir y sin pasar al otro extremo, a una dictadura del Congreso. Para mejorar esos equilibrios se requiere aprobar la bicameralidad y otras reformas.
Aquí necesitamos una labor de la sociedad civil. La Cámara de Comercio de Lima está planteando un mínimo de reformas tales como:
- la bicameralidad,
- la reelección,
- agregar al artículo 110 de la Constitución la prohibición de postular a quienes hayan cometido delitos graves como corrupción, homicidio y terrorismo, aunque hayan cumplido su condena,
- y al artículo 117 la posibilidad de acusar a un presidente durante su mandato por delitos de corrupción y otros.
No podemos precipitarnos a unas nuevas elecciones a las apuradas, sin aprobar un mínimo de reformas. Lampadia
