No adelantar demasiado pronto las elecciones generales
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El aparentemente absurdo y suicida golpe de Castillo adquirió sentido después de dado. Lo que parecía un acto disparatado detonó una respuesta insurreccional ejecutada por una alianza fáctica entre izquierdas desplazadas de poder (Fenate-Movadef, Perú Libre, prefectos y subprefectos, parte de CGTP, algunas rondas campesinas del norte y otras), y economías ilegales como la minería informal y el narcotráfico, que proveen financiamiento, logística y hombres. Movilizando descontento y sentimientos identitarios.
No es casualidad que los dos centros más activos de la revuelta fueran Andahuaylas, que es una suerte de Medellín de los Andes como la llamaba hace unos años Jaime Antezana, porque es un centro administrativo y de lavado de activos de los narcos, y Chala, epicentro de la minería informal. El VRAEM estaría enviando mil hombres a Lima, según fuentes.
Y para nadie es un secreto que esas actividades gozaron de protección, apoyo y aliento durante el gobierno de Pedro Castillo. No solo eso. La intervención del sistema judicial que Castillo anunció en su mensaje a la nación les caía de perillas, así como a dirigentes del Movadef y de otros grupos, incursos en procesos judiciales.
Y para mucha gente el anuncio del cierre del congreso seguramente fue recibido con beneplácito. Hay un factor identitario que juega: mucha gente de los sectores rurales y andinos siente que han vacado al presidente que ellos eligieron, que es suyo, a quien sentían como una reivindicación, y se identifican con su suerte. Viven su salida como una pérdida de algo que, pese a todo, habían logrado.
A ello hay que sumar la angustia de muchos sectores ante una situación económica y climática (sequía) agravada por la pésima gestión del gobierno. Castillo contribuyó a la ruina del pueblo y eso ha sido aprovechado por sus favorecidos y otros radicales para canalizar las demandas acumuladas y el descontento hacia acciones destructivas y vandálicas.
Lo cierto es que por un momento parecíamos repetir las movilizaciones insurreccionales que se dieron en Chile, Colombia y Ecuador.
Un video del ex agente de la KGB, Daniel Esturin, en el que explica como dirige desde México las revueltas en el Perú (ver https://youtu.be/71mCBm6hj5w), indica que estamos también ante un plan digitado por agentes externos.
Apenas detenido Castillo, como si hubiera estado preparada, se difundió la narrativa que había sido drogado para dar el golpe a fin de que pudieran vacarlo, y que el verdadero golpe, por lo tanto, era la declaración de vacancia de la presidencia de la república y que Dina Boluarte era, por lo tanto, una presidenta de facto que había usurpado el poder junto con la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería. A las pocas horas ya no se hablaba del golpe de Castillo, sino del golpe del Congreso contra Castillo. Algo que hasta 4 presidentes de cuatro países han repetido.
La presidenta Boluarte tiene que salir todos los días con sus ministros informando al país acerca de la evolución de los acontecimientos y de lo que el gobierno está haciendo para calmar la situación, desactivar los brotes de violencia, y resolver demandas de la población. Esto para dar una sensación de mando y control de la situación y de acompañamiento a la población en sus problemas.
Estas revueltas insurreccionales tienen que ser combatidas con inteligencia y determinación. Y con el despliegue de la Fuerza Armada. El gobierno tiene que defender, como ha señalado el propio ministro de Defensa, Alberto Otárola, a los 33 millones de peruanos que están siendo atacados y perjudicados por estos extremistas, que tienen que ser identificados, detenidos y procesados. La tarea no será fácil porque parte del plan destructor del gobierno de Castillo fue anular los servicios de inteligencia -DIGIMIN, DIRIN, DINI- orientándolos a sus propios fines. Prácticamente hay que reconstruir de cero las redes de inteligencia dedicadas a monitorear los movimientos, agentes y asesores dedicados al negocio de la extorsión contra las minas y a la movilización violentista.
Por supuesto, se requiere establecer políticas efectivas para atender las demandas acumuladas y los estragos generados por la sequía, mejorar los servicios públicos y avanzar hacia esquemas institucionales que aseguren una efectiva gobernanza minera. El Congreso, por su parte, no debe precipitarse a aprobar un adelanto de elecciones inmediato o demasiado pronto, como algunos piden, porque se requiere un tiempo mínimo para que maduren alternativas electorales viables, serias y positivas para el país y para aprobar reformas políticas y electorales indispensables para no repetir la historia. También debe pasar ya a una agenda de reformas del Estado y de la formalidad que apunten a conseguir un Estado más inclusivo y eficiente. Es la hora de empezar a recuperar el rumbo del crecimiento y la promesa del bienestar para todos. Lampadia
