Jaime de Althaus
Para Lampadia
Varias iniciativas confluyen hacia un momentum para la reforma del sistema judicial. Una ha sido la reactivación, después de casi tres años de letargo, del Consejo para la Reforma del Sistema Judicial. Ese Consejo había aprobado una propuesta de “Política de Estado”, pero dejó de oficializarla y de hacerle seguimiento. En la reunión de tres horas llevada a cabo la semana pasada, se acordó que cada entidad (Poder Judicial y Ministerio Público principalmente) presentaría tres proyectos que pueden ejecutar con sus propios recursos y tres proyectos que requieren presupuesto, y el Ministerio de Justicia ayudaría a prepararlos y buscar la financiación.
Uno de esos proyectos clave, transversal, es el del expediente judicial electrónico (EJE), que ha empezado a aplicarse hasta en un 60% en lo civil y muy limitadamente en lo penal. Hay $200 millones del Banco Mundial y del BID para implantarlo, pero los avances son lentos, sobre todo en el Ministerio Público. La coordinación en el Consejo y el impulso derivado de la acción colectiva permitirían acelerar. Esto es vital en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Permite celeridad y transparencia. Previene corrupción.
Una segunda iniciativa es el proyecto de reforma constitucional elaborado por Gladyz Echaiz que básicamente propone lo siguiente:
- La Escuela Nacional de la Magistratura reemplaza a la Academia de la Magistratura y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en capacitación, nombramiento y ascensos de jueces y fiscales.
- Para ser nombrado juez o fiscal se debe cursar dos años de estudios en la mencionada Escuela. Los jueces y fiscales nombrados entran y ascienden por orden de mérito.
- Se eliminan las ratificaciones de los magistrados cada 7 años o cada 3 y medio, y se pasa a un sistema de evaluación interna.
- Se crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del sistema de Administración de Justicia, presidido por el presidente del Poder Judicial, en reemplazo del actual Consejo para la Reforma del Sistema Judicial.
Esto es mucho mejor que la situación actual.
Dos años de estudios en la Escuela de la Magistratura como condición para el ingreso a la carrera judicial o fiscal sin duda mejorarán el nivel, la capacidad profesional y la integridad de jueces y fiscales, que en muchos casos es muy limitada e impide avanzar en la oralización de la justicia.
La eliminación de las ratificaciones septenales ayuda a asegurar independencia y estabilidad a los magistrados, y elimina distorsiones en su desempeño.
Y la coordinación de todo el sistema de justicia con el Ejecutivo y el ministerio de Economía es mejor que esté presidida por el presidente de la Corte Suprema y no por el presidente de la República.
Pero hay una propuesta alternativa a esta que es la que está defendiendo el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón.
El sostiene que el problema principal de la justicia peruana es su politización, que ha sido facilitada por la designación y destitución de magistrados por instancias externas (como la JNJ), y que la mejor manera de controlar y transparentar esa tendencia es retornar al sistema de elección de jueces y fiscales que teníamos antes del velascato.
Recuerda que la Constitución de 1933 establecía que los vocales y fiscales de la Corte Suprema eran elegidos por el Congreso entre diez candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Los magistrados supremos provenían, entonces, del acuerdo entre los poderes elegidos. Y, según Sardón, con ese sistema se elegía a mejores jueces que ahora.
La objeción que se hizo a esta fórmula, desde el velascato, es que propició, por ejemplo, el ingreso de jueces y fiscales pro-apristas en su momento, y luego algunos relacionados a Acción Popular.
Pero -replicaría Sardón-, se trataba de elecciones transparentes, abiertas y sujetas a escrutinio político y ciudadano. Y que daba mejores resultados que en la actualidad. Es la manera como se designa magistrados en la mayor parte de democracias.
En todo caso es preferible una cierta orientación política o ideológica de algunos magistrados que sea el reflejo transparente de la elección popular (de los congresistas) y no de una infiltración furtiva de corrientes que no provienen del voto popular sino de acciones de capacitación o mesas de trabajo o maestrías dictadas por ONGs o universidades particulares controladas por esos sectores.
La propuesta de Echaiz no implica el retorno a la elección de magistrados por los poderes elegidos, pero elimina el órgano externo y lo reemplaza por una Escuela de la Magistratura dirigida por un Consejo Directivo presidido por un Juez Supremo titular, en actividad o cesante; e integrado por un Fiscal Supremo Titular, en actividad o cesante, y un Ex Director de las Escuelas de Post Grado en Derecho de las Universidades Nacionales con más de 50 años de antigüedad.
Sería la Escuela la que brindaría los cursos y las capacitaciones, y ya no entidades externas.
Sería bueno, en todo caso, abrir un debate amplio acerca de estas alternativas. Lampadia ofrece sus páginas para ello.
