Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
¿Alguien se ha puesto a pensar, qué significa estar acusado y enjuiciado por un delito penal grave, que no ha cometido? Por lo menos, eso significa; independientemente del estigma social, personal y familiar, la imposibilidad de conseguir un empleo, de obtener un préstamo en el sistema financiero, de ofrecerle un buen colegio a tus hijos y hasta la imposibilidad de asociarse para hacer algún negocio. Además, estar sin ingresos y tener que pagar a un abogado durante años para que patrocine el caso, es diabólico. Lo más indignante es, que los jueces y fiscales pierdan miserablemente el tiempo, no realicen avances concretos del proceso y, en el interín, mantengan al reo en ascuas por años. En resumen, estás sancionado por la sociedad desde antes de ser condenado, lo que es fatal. Incluso, si después de un largo proceso, en el que estás angustiado y “a salto de mata”, se confirmase tu inocencia.
Esto se agrava en extremo, cuando se sigue el proceso hasta las últimas instancias del sistema judicial, te declaran inocente, pero pasado un tiempo, aparece una ONG que impugna la sentencia de la última instancia y exigen la reapertura del proceso. Tenemos infinidad de casos en los que, aún después de haberse sentenciado por la inocencia de los procesados, se reinicia todo, desde fojas cero. Y, es por esos procesos recurrentes, en los que se pasan décadas de juicios, que la CIDH, a coro con las ONGs de derechos humanos y de la mano de la izquierda, que inició el TERRORISMO en el Perú, tanto como de la caviarada, que vive de este festín y, que reaccionan en contra de los que hoy son amnistiados por la ley.
Lo peor de todo es que, gente noble, que fue a defender a la sociedad peruana cumpliendo órdenes, hoy enfrente esa “carcelería judicial”, tratando de demostrar su inocencia. Debe quedar claro que, para las ONGs, la fiscalía y el sistema judicial, todos estos infiltrados por gente filo terrorista, el sólo hecho de pertenecer a las fuerzas del orden, los convierte en culpables.
Es por eso que, mientras los terroristas recibieron conmutaciones de pena, fueron indemnizados por el Estado peruano para vivir ahora como burgueses en Europa o Norteamérica (desde hace ya muchos años); los miembros de las fuerzas del orden siguen sufriendo “la agonía” en la antesala del infierno y sin sentencia o, con sentencias revocadas, para reiniciarles procesos, desde cero.
Veamos si no el caso del General Juan Rivero Lazo, a quien han tenido preso por 25 años, sin sentencia y siendo absolutamente inocente. ¿Es a esto a lo que llaman justicia las ONG y la CIDH?
Ciertamente, el caso del General Rivero Lazo es emblemático, pero hay multitud de oficiales a los que, después de haber servido a su patria, se les ha pagado con una persecución implacable en los juzgados. ¿Quién les pagará, en tiempo y en dinero, todos los años de angustia, insomnio y persecución?
Por supuesto, los que se oponen a esta amnistía reclaman que con ella se dejará a los familiares de los fallecidos o asesinados durante la época de terrorismo, sin hacerles justicia por la desaparición de sus seres queridos.
Si todos los terroristas que recibieron conmutación de la pena e indemnizaciones, que les permitió irse libres a vivir al extranjero a vivir como burgueses, siguieran purgando la cadena perpetua que les correspondía, e impuso por liderar estos movimientos y actos terroristas;
Si los que hoy reclaman en contra de la amnistía, estuviesen sufriendo “en las prisiones del pueblo” el dolor y muerte cruel que los terroristas le impusieron a ciudadanos de bien, entonces comprenderían lo que es justicia.
Veo a izquierdistas y caviares criticar esta ley de amnistía, que beneficia a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que actuaron entre 1980 y 2000.
Si su apreciación y juicio es tan claro, ¿por qué es que no han recibido sentencia condenatoria? Seguro que es, porque no tienen pruebas para condenarlos, aun apelando al artificio de la “autoría mediata”, con la que quisieran sentenciar a todos.
Los jueces y fiscales que se han tomado décadas para torturar psicológicamente y perseguir judicialmente a los miembros de las fuerzas del orden, sin ser capaces de emitir sentencia en más de diez (10) años. ¿Pagarán por su incapacidad y negligencia? ¿indemnizarán con su propio peculio a los perseguidos? ¡Por supuesto que no!
Para estos casos, deberíamos aprobar una ley de beneficio penitenciario, que permita deducir medio año de prisión efectiva, por cada año de proceso judicial. Tenemos miembros de las fuerzas del orden, juzgados reiteradas veces por lo mismo, con sentencia absolutoria y reinicio de proceso por cerca de cuarenta (40) años, como en el caso del frontón. Del mismo modo, gente que ha enfermado de cáncer por estrés y fallecido en el proceso, por esa razón. ¿Quién los va a resarcir del daño y devolverles la vida?
¡Si después de cuarenta, treinta o veinte años de procesos judiciales, no te pueden sentenciar, es porque eres INOCENTE!
Recordemos que, contra los terroristas sentenciados, tuvieron múltiples pruebas de sus acciones terroristas, que eso no fue en ningún “conflicto interno”, como les gusta llamarlo a los caviares y, por eso se les pudo sentenciar tan rápidamente.
Si fue conflicto interno entre pares, por qué no se aplican las mismas reglas:
- Plazos de prescripción;
- No “lesa humanidad”, ya que para los terroristas no lo fue.
Pero claro, las organizaciones mundiales de izquierda, se movilizaron muy rápidamente en defensa de sus CORRELIGIONARIOS y, ahora, reclaman retroactividad de las leyes contra de las fuerzas del orden.
¡No jodan! Lampadia
