En peligro la gran reforma de Proinversión
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es increíble que la presidente Boluarte haya despedido al único ministro de Economía que en los últimos lustros estaba llevando a cabo reformas profundas en lo relativo a desregulación y agilización de la inversión pública y público privada.
Es inaceptable y no hay nada que lo justifique, menos aún el intento, según se especula, de salvar a Gustavo Adrianzén de la censura. Por el contrario, esto debería precipitar esa decisión.
Es más, a mi juicio esta pésima decisión es la gota que debería rebalsar el vaso de la vacancia presidencial.
Ahora corremos el riesgo de que la ley que reforma el sistema de las Asociaciones Público-Privadas (APP), que fue una gran noticia, no se promulgue. Esa reforma permitiría avanzar mucho más rápidamente en el desarrollo de infraestructura financiada por el sector privado o cofinanciada con el sector público. Disminuye radicalmente el laberinto de idas y venidas de informes y opiniones de los ministerios y organismos reguladores, pues Proinversión asume la rectoría de las APP así como el diseño, adjudicación y ejecución de los proyectos, es decir, se encarga también de la post adjudicación, que solía quedar entrampada por años en los ministerios.
La brecha de infraestructura en el Perú es enorme y ya sabemos que las APP bien gestionadas, a diferencia de la obra pública tradicional, aseguran calidad, operación y mantenimiento.
Pero el modelo de APP había quedado seriamente golpeado luego de los escándalos de corrupción vinculados al caso Lava Jato, lo que llevó a sobre regular los procedimientos a partir del gobierno de Ollanta Humala. Se pasó de 50 pasos a más de 100, según Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión. La consecuencia fue que los proyectos se demoraran años de años en ser adjudicados y luego en empezar a ejecutarse.
Con esta reforma las decisiones se centralizan en Proinversión, que se convierte en ente rector y en Titular del proyecto, es decir, en la entidad concedente. Se encarga de la formulación, estructuración, adjudicación y ejecución contractual, incluyendo la liberación de interferencias y adquisición de terrenos, algo que en manos de los ministerios era la de nunca acabar.
Estudios del Consejo Privado de Competitividad habían mostrado como en otros países solo dos o tres entidades opinan sobre cada proyecto, pero que en el Perú participaban seis o más con opiniones muchas veces contradictorias en procesos inacabables. Con la reforma la cantidad de entidades que se reduce de manera significativa, así como los asuntos sobre los que tienen que opinar.
El MEF, por ejemplo, emitirá opinión sólo cuando el proyecto de APP involucre recursos públicos, es decir, cuando se trate de un proyecto cofinanciado (lo que asegura el cuidado de la salud fiscal).
La Contraloría, por su parte, únicamente cuando se comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado.
Los Organismos Reguladores sólo podrán opinar sobre niveles de servicio, régimen de acceso y régimen tarifario, no sobre todo lo demás.
Y en cuanto a los Ministerios, dado que dejan de ser concedentes, ya no emitirán opinión sobre los proyectos de APP (sobre los contratos y demás documentos).
Esto reduce significativamente la cantidad de informes que se deben solicitar. Además, los Ministerios dejan de emitir el IMIAPP (Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas), que era el instrumento por medio del cual se realizaba la planificación de los proyectos. Esta función ahora la asume el MEF, quien, mediante un Decreto Supremo, con la información de los sectores, determinará los proyectos a ejecutarse por APP.
Esto último es interesante porque debería llevar, de paso, a dejar de lado la modalidad de Gobierno a Gobierno que ha sido fuertemente criticada por los costos excesivos que entraña y porque no asegura operación y mantenimiento. No tiene sentido, por ejemplo, que el tren Lima-Ica se haga por esa modalidad. Debería convocarse a una APP, lo mismo para el ferrocarril Andahuaylas-Marcona.
Y, además, la reforma establece un mecanismo de solución de controversias inmediato -la junta de resolución de disputas- para resolverlas apenas se presentan en lugar de hundirse en costosos y prolongados arbitrajes.
En suma, una reforma extraordinaria que establece un mecanismo ágil y sostenible para la generación de la infraestructura que el Perú necesita con urgencia para retomar la ruta del crecimiento acelerado y sostenido.
El gobierno tiene que promulgarla y ejecutarla. No podemos perder una nueva gran oportunidad de mejorar las cosas. Lampadia
