Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es increíble cómo la Contraloría sabotea los esfuerzos públicos. En una época en la que son muy pocos los profesionales competentes y honestos dispuestos a aceptar cargos directivos en el Estado, es inconcebible que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República (TSRA) le haya impuesto un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a Carlos Linares Peñaloza, quien acababa de asumir el cargo de presidente del directorio de Petroperú el 1 de marzo.
Linares es un profesional muy respetado que ha hecho carrera pública en el Estado. Alguien a quien habría que felicitar y hasta condecorar, no castigar. Se le ha inhabilitado por una presunta infracción durante su periodo como presidente del Directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Una supuesta infracción ridícula. Como ha explicado el propio Linares. “Puntualmente, se trató de gastos correspondientes a café, edulcorantes, frutas, entre otros, durante el periodo del 24 de marzo al 30 de junio de 2022. Es preciso señalar que esta asignación de gastos de caja chica venía siendo otorgada a los despachos de presidencia del directorio de Cofide mucho antes de mi ingreso a la entidad, por lo que no era una práctica desconocida ni mucho menos ilegal”.
Por supuesto, con esa clase de sanciones, más difícil aun será encontrar personas de valía que quieran aceptar ese cargo o cualquier otro en el Estado. Por eso nos vamos llenando de pequeños y grandes asaltantes del erario público. La Contraloría es una de las responsables de que ello ocurra. Y por ello, mientras sanciona a un buen directivo por haber comprado café con la caja chica, la propia Contraloría anuncia año a año que se han robado más de 20 mil millones de soles, que es una confesión de parte no solo de que sus acciones de control son inútiles, sino que es parte de la causa de la corrupción y de la ineficiencia dramática del Estado.
Porque el incentivo que produce la Contraloría es perverso: si el funcionario no toma decisiones, no le pasa nada. Si toma decisiones y hace algo, corre el riesgo de sufrir observaciones y sanciones de la Contraloría. Esta es la principal explicación de la parálisis de la obra pública y de la demora en dar permisos y avanzar programas. Y de la cantidad de arbitrajes: el funcionario no se atreve a firmar cuando hay un cambio en el presupuesto de una obra y entonces pide que lo resuelva un árbitro externo. La Contraloría es nefasta.
Lo que tenemos es un círculo vicioso: se alimenta los controles con sobre producción de normas a veces absurdas orientadas supuestamente a impedir o prevenir el mal uso de los fondos públicos, con lo que es imposible que quien toma decisiones no viole o incumpla algunas de ellas. Los auditores de la Contraloría solo tienen incentivos para crear controles y detectar incumplimientos. Paralizan todo y no impiden la verdadera corrupción. Paralizan a los buenos funcionarios y no detectan a los saqueadores.
La Contraloría debe cambiar radicalmente de paradigma. Debe pasar del control del cumplimiento de normas al control del desempeño. Exigir eficiencia, resultados, decisiones, acción, no lo contrario. Este cambio debería ir de la mano con una nueva ley de contrataciones, que está discutiéndose en el Congreso en este momento, que debería también cambiar de paradigma: pasar de la cultura de la sospecha que lleva a la multiplicación de controles y requisitos, a una cultura colaborativa y racional para resolver los impasses que se presentan.
Tal como estamos, la Contraloría es parte del problema y causa de la corrupción y la ineficiencia del Estado. Tenemos que cambiar eso. Lampadia
