Jaime de Althaus
Para Lampadia
La gran constatación es que la izquierda ganó la batalla cultural. Esta verdad es más fuerte aun en Chile, un país que estuvo a punto de pasar a la categoría de país desarrollado y que ahora involuciona penosamente. Lo que la intención de voto en nuestro país demuestra, es que el discurso de que los ricos se quedan con la riqueza y las transnacionales se la llevan fuera dejando al pueblo sumido en la pobreza, y que el modelo “neoliberal” solo ha beneficiado unos cuantos, es una prédica antigua que ha prendido fuertemente en esta época de pandemia y ha conquistado incluso las plumas más sublimes del periodismo nacional.
Hablamos de la batalla cultural. Pero ni siquiera ha habido batalla. Los beneficios sociales del crecimiento económico de los últimos 30 años parecían tan obvios que nadie se molestó en percatarse de que en las aulas públicas quienes enseñaban habían sido formados en esa escuela ideológica. Ningún maestro fue jamás capacitado en economía social de mercado. El empresariado y los partidos de centro y derecha abandonaron la cancha.
Lo increíble y paradójico es que la triunfante ideología de izquierda es la causante de los males que denuncia. Nosotros hemos señalado hasta el cansancio que algo que el modelo económico no pudo resolver es el problema de la informalidad y tampoco el problema de la mala calidad de los servicios públicos. Y la causa en ambos casos es la misma: un Estado patrimonialista y dominado precisamente por una cultura de derechos laborales que encubre redes y grupos de interés que han capturado el Estado.
Gestiones e ideologías de esa naturaleza producen una profusión de normas, exigencias, requisitos y cargas que solo pueden ser absorbidas por la gran empresa, obligando a la pequeña y a la micro empresa, y también a parte de la mediana empresa, a operar parcial o totalmente en la informalidad. Según el ranking de competitividad de Foro Económico Global, somos unos de los países del mundo donde el peso regulatorio de Estado es más insoportable y asfixiante.
Esa es una de las causas más importantes de la alta informalidad, y evidentemente no se le puede echar la culpa de ella a la libertad económica. Es al revés. La libertad económica ha sido crecientemente recortada, y por eso la informalidad.
La otra causa es la baja productividad. Pero se alimentan. El Estado no puede jugar el papel de empoderar tecnológicamente a las mypes precisamente porque es profundamente ineficiente, y lo es debido a leyes clientelistas que han impedido la implantación de la meritocracia y de la gestión de rendimiento en las instituciones públicas –salvo excepciones como las islas de excelencia. Y es un círculo vicioso: entidades públicas capturadas por argollas, gremios o grupos de interés crean cada vez más peajes a la actividad privada para beneficiarse con poder y con fuentes de ingreso.
El Estado es una trinchera ideológica y política de la izquierda, y por eso es muy difícil introducir reformas modernizadoras en el servicio de salud pública. El presupuesto de la salud se multiplicó por 7 en términos reales en los últimos 20 años, pero no hubo una mejora proporcional del servicio. Es decir, el modelo le dio recursos a la salud pública, pero estos se perdieron en mala gestión y corrupción.
Ahora abundan los artículos en los medios acerca de las razones por las que mucha gente, sobre todo en los sectores populares, quiere votar por Pedro Castillo. Identifican por supuesto fallas del modelo que en realidad no son fallas de la parte económica del modelo, sino de la parte político-institucional. Esto no lo dicen. Menos aún explican que la opción por Perú Libre agravará más aun las exclusiones. Pues una propuesta que agrande el intervencionismo, incluso empresarial, del Estado, recorte grados de libertad económica y ahuyente la inversión, solo producirá más pobreza y más informalidad. Díganlo cuando menos. Lampadia
