Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Los políticos nos repiten que el Perú goza de una gran fortaleza fiscal, que tiene relativamente bajo endeudamiento en relación a nuestro PBI y, no sé por qué, los gobiernos se vanaglorian de nuestra fortaleza monetaria y baja inflación, como si ese fuera un mérito del gobierno y no exclusivamente del Banco Central de Reserva (BCRP).
Lo cierto es que, ante la debilidad del gobierno, se están manejando las finanzas públicas desde el Congreso, cosa absolutamente irracional. Por supuesto que el Congreso debe aprobar la ley de Presupuesto y, además, tiene la facultad de aprobar los impuestos en representación de toda la ciudadanía. Lo que no puede ni debe tener, tal como lo estipula la Constitución, es iniciativa de gasto, en tanto esa es precisamente la herramienta de gestión del ejecutivo.
Aquí tenemos un Congreso que, en complicidad con el Ejecutivo, ha incrementado la planilla estatal de remuneraciones en 25.4%, entre los años 2023 y 2024. Y, aunque se ha deteriorado constantemente la cantidad y calidad de los servicios brindados al ciudadano, en los últimos 15 años la planilla estatal creció en 81%. También es proverbial el crecimiento de 31% del presupuesto del Congreso, para el año 2025. ¿Alguien puede explicar, por qué un congreso de 130 parlamentarios debe gastar S/1,400 millones al año? Más que algunos gobiernos regionales, S/10.8 millones por congresista al año. Además, ¿alguien puede explicar la propuesta de creación de 40 universidades estatales, sin ocuparse de mejorar la calidad educativa de las existentes?
Por su lado, las propuestas de recaudación fiscal, ciertamente enfocadas en los mismos contribuyentes de siempre, continúan avanzando a un ritmo asfixiante. Por ejemplo, la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el año 2025, introduce, por primera vez en la historia del Perú, el concepto de “Recuperación más efectiva de recursos provenientes de litigios por parte del Tribunal Fiscal”, que se estima en S/5,500 millones. No sólo eso, sino que, para exacerbar la presión a los contribuyentes, la SUNAT ha iniciado una campaña abusiva de no reconocimiento de gastos propios del curso de las actividades de los negocios. Con estas “Resoluciones de determinación” en la mano, se inicia la extorsión. Tienes la opción de pagar e iniciar tu reclamo y litigio, hasta “las calendas griegas” o, defiendes tu posición, pero eso te cuesta 25.9% de interés anual, hasta convertirse en sumas impagables. Obviamente, con esa estrategia, esperan cubrir su brecha y recaudar, a la mala, el presupuesto desfinanciado que han aprobado, aunque el Estado tuviera que devolver ese dinero después de 10 o 15 años de juicios.
Mientras tanto, las economías ilegales, defendidas desde varias bancadas del Congreso, ya alcanzaron en este último año a cerca del 6% del PBI, esto es, del orden de S/60 mil millones. Por otro lado, la corrupción se lleva S/25 mil millones al año. Los proyectos inconclusos y, que entran en abandono cada año, suman otros S/25 mil millones. Además, nos damos el lujo de postergar proyectos de inversión minera, pero desde el gobierno y congreso, apuestan al financiamiento presupuestal en base a la inyección que, “el alza de precios de las materias primas aportaría”. Lo preocupante es que, mientras el presupuesto fiscal ha crecido a 6.79% por año, durante los últimos 10 años, la tasa promedio de crecimiento acumulado del presupuesto de los gobiernos regionales y locales alcanza a 10.86% y 9.03% por año, respectivamente (el triple de la inflación promedio).
Lo perverso es, que cada año inyectamos más recursos fiscales a los gobiernos subnacionales, aquellos donde está enquistada la corrupción, se debilita la gobernanza y donde más incapacidad técnica para la ejecución de proyectos existe. Continuar esta tendencia de altos déficits fiscales sin reaccionar, nos puede llevar a perder todo lo que habíamos avanzado desde la Constitución de 1993 y a perder nuestra clasificación de “grado de inversión”.
Todos estos hechos son una gran oportunidad para plantearnos algunas medidas drásticas:
- Recurrir al Tribunal Constitucional para que se restablezca el impedimento a cualquier iniciativa de gasto del Congreso.
- Actuar desde el gobierno y la ciudadanía en frenar las economías ilegales.
- No permitir que se desarrollen acciones abusivas desde la SUNAT.
- Tenemos que constituir un Tribunal Fiscal que aplique la ley con neutralidad.
- Debemos de constituir verdaderos Gobiernos Regionales, que incorporen a, cuando menos, cuatro departamentos. Mientras tanto, el Gobierno Central debe designar a “gobernadores”, que ejecuten los proyectos requeridos, pero gerenciados por unidades autónomas de infraestructura, educación y salud.
- Eliminar las autoridades distritales elegidas y convertirlas en gerencias dependientes de los alcaldes provinciales.
- Fortalecer las universidades públicas existentes y dejar sin efecto la creación de nuevas que se hayan propuesto, reorientando la educación universitaria a profesiones demandadas por el mercado y que promuevan la competitividad global.
- Reducir el número de ministerios y organismos públicos descentralizados al 50% de los existentes.
- Implementar el gobierno digital e Inteligencia Artificial, empezando por la gestión de salud, educación, justicia y otorgamiento de permisos empresariales y de proyectos.
- Limitar los plazos de investigación fiscal y procesos judiciales, a plazos acordes con estándares del primer mundo.
- Limitar el número de empleados públicos al 6% de la PEA.
- Limitar el presupuesto del Congreso al 0.04% del Presupuesto Público.
Debemos corregir el manejo fiscal, impidiendo manejos populistas. Debemos tener claro, que el multiplicador económico del capital invertido en el sector privado, es muy superior a aquel destinado al sector público. No podemos permitir, que la irresponsabilidad del Congreso y de un gobierno débil, hagan trasladar el impacto de su incapacidad a las futuras generaciones.
¡Debemos recuperar la racionalidad fiscal! Lampadia
