Jaime de Althaus
Para Lampadia
Si se comprobara que efectivamente la Fiscal de la Nación Patricia Benavides instrumentó a sus asesores para intercambiar decisiones legislativas que la favorecían a cambio de archivamiento de denuncias, algo inconcebible para una Fiscal de la Nación, pues debería ser destituida.
Pero tiene que comprobarse que ello sea cierto.
Los chats muestran al asesor Jaime Villanueva presionando por la elección del Defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Avalos y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), algo de por sí lamentable y censurable.
Pero el único elemento de prueba que se presenta para sustentar la naturaleza delictiva del intercambio es la resolución que archiva la denuncia a 37 “niños” por haber presuntamente recibido dinero para no votar por la censura del ex ministro de Transportes de Castillo, Juan Silva.
Pero resulta, como reveló Fernando Rospigliosi y hemos confirmado con la oficina de prensa de la fiscalía, que la fiscal de la Nación preguntó precisamente al equipo de Marita Barreto si tenían algún colaborador eficaz o testigo que señalara que se había pagado a los mencionados congresistas, y cuatros jefes de ese grupo respondieron mediante oficio que no tenían a nadie que hubiera señalado aquello.
Se desprende, entonces, que la resolución archivando los casos fue emitida por falta de pruebas sobre la base de esa información oficial, y no como producto de un intercambio por votos.
De otro lado, ocurre que Patricia Benavides sí denunció constitucionalmente, ante el Congreso de la República, a los “Niños” propiamente dichos, a los parlamentarios de Acción Popular Raúl Felipe Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinoza, por organización criminal contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
De modo que no pudo haber ofrecimiento de archivo de sus casos si al mismo tiempo los denuncia. Allí hay una incongruencia en la tesis de la denuncia. Más aún, los Niños no votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Avalos. Los congresistas Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores, Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori se abstuvieron, lo que, para efectos prácticos, equivale a oponerse. Elvis Vergara no votó, y solo Ilich López lo hizo a favor.
De todos modos, el lobby del asesor Villanueva para conseguir votos, aunque no hubiese contraprestación, es inaceptable. Y si bien hay otros elementos en los chats que parecen involucrar a la Fiscal de la Nación, estos también deberían ser investigados cuidadosamente para ver hasta donde llega su responsabilidad y si hay aquí en alguna medida un constructo digitado políticamente, como parte de esta guerra entre caviares y anti-caviares que está destruyendo la institucionalidad política y judicial.
Pues se desprende de los dichos del exasesor Jaime Villanueva en los chats que Patricia Benavides habría decidido incidir en el Congreso ante el conocimiento de que iba a ser destituida por la Junta Nacional de Justicia -algo que el IDL Reporteros había revelado-, dentro de un plan de los “caviares” -señala el exasesor- para recuperar el control del Ministerio Público.
Porque lo que tenemos acá es una guerra que viene cuando menos desde que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez decidieron acusar y detener en prisión preventiva a Nadine Heredia, Ollanta Humala y a Keiko Fujimori por algo que no era delito: las donaciones de campaña.
Esos fiscales cometieron abusos y ocasionaron un daño irreparable a parte importante de la clase política de modo que, junto con el populismo político de Martín Vizcarra que confrontó al Congreso dominado por Fuerza Popular hasta cerrarlo, agudizaron una polarización entre dos sectores que terminó dividiendo las propias instituciones judiciales, desatando luchas internas.
La suspensión de Rafael Vela podría ser vista como parte de esta guerra de retaliaciones, pero él fue suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), designada por la Junta Nacional de Justicia, no por la Fiscal de la Nación. Y, desde un punto de vista estrictamente legal, dicha Autoridad no podía proceder de otra manera porque Vela, a propósito de la resolución de la Corte Suprema que excarceló a Keiko Fujimori, tuvo declaraciones como estas:
- “Para la señora Fujimori fue un tratamiento privilegiado y ha sido un trámite sobre el cual subyacía ya la decisión previa de liberar a la señora Fujimori…”
- “La decisión Judicial ilegal de favorecer a Keiko Fujimori comienza cuando se le extiende el plazo para la apelación…
- “Esta resolución ha sido parcializada”
La ANC no podía dejar de ver que ese tipo de declaraciones a la luz el numeral 19 del artículo 46 de la ley de carrera fiscal 30483 que tipifica como falta grave:
“Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso”, entre otros artículos.
En realidad, Vela y Pérez debieron ser separados hace tiempo por acusar y encarcelar a políticos por algo que no era delito. Ante esos abusos y -es cierto- también para intentar librarse de procesos judiciales justificados, se plasmó en el Congreso actual una mayoría “anti-caviar” que empezó a tomar buenas y malas decisiones, recuperando espacios que habían sido copados por el sector “caviar”. Entre las buenas tenemos a la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, formado por juristas de buen nivel. Y entre las malas la designación de Josué Gutiérrez como Defensor de la Nación y la inhabilitación de Zoraida Avalos por un asunto que estaba dentro de su competencia funcional.
Como he sostenido en artículos anteriores, desde que la política se judicializó y la justicia se politizó y se convirtió en una justicia plebiscitaria, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia se convirtieron en objeto de disputa política y de luchas intestinas. Este caso debe verse a la luz de ese contexto, y tomarse con el mayor cuidado. Pero nada justifica tampoco acciones como las denunciadas si se comprueban fehacientemente.
Por su lado, la Fiscal de la Nación ha respondido a la denuncia de la que ha sido objeto, acusando constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al premier Otárola por hechos que están claramente fuera de su responsabilidad. Ha escalado el conflicto de una manera irresponsable.
El estado de anomia y desaliento es generalizado, y muy peligroso para la estabilidad del gobierno y el futuro del país. Lampadia
